Reforma de las pensiones

¿A cuántas personas afectará el retraso en la edad de jubilación que planea el Pacto de Toledo?

El Gobierno planea un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas que afectaría al menos a 120.000 personas, las mismas que se jubilan con menos de 65 años. El pacto de Toledo incluye esta recomendación en su acuerdo, que todavía tiene que votarse en el Congreso.

Con el objetivo de reducir el gasto en pensiones, el Pacto de Toledo ha propuesto para su reforma incluir incentivos que induzcan a los trabajadores a retrasar la edad de jubilación. En España, la edad media de jubilación está en los 64,6 años, y se aspira llegar a la edad legal, que está entre los 65,8 y 67 años, dependiendo de los años cotizados (67 años por defecto o 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses de cotización). Así, esta medida afectará a miles de personas que se lo tendrán que pensar dos veces antes de retirarse de forma anticipada.

En 2019 se prejubilaron en España 120.011 personas de entre 54 y 64 años, un 40% de las 303.394 que tuvieron lugar en España en ese año. En 2016 estas jubilaciones de menores de 65 suponían el 44%. La reforma de 2011 ya propició que la edad de jubilación se haya retrasado progresivamente en los últimos años. Las 120.011 de 2019 son 16.000 menos que cuatro años antes. Desde 2016 la edad media de jubilación ha aumentado, y ha pasado de 64,1 a 64,6 años en 2019.

El grueso de jubilaciones se produce a la edad de 65, con más de 155.000 personas en 2019. Como depende de las cotizaciones no podemos saber con exactitud cuántas de las jubilaciones producidas entre los 65 y los 67 se consideran como anticipadas. Además, los datos de Seguridad Social no especifican cuántas de estas bajas son voluntarias. Por contra, no llegan a 17.000 las personas que se retiraron después de los 67, como podemos ver en el gráfico siguiente. Eso sí, en los últimos cuatro años ha ido creciendo progresivamente.

¿Qué se sabe sobre cómo serán los incentivos?

Por ahora no sabemos más detalle sobre cómo serán las bonificaciones para retrasar la edad de jubilación. Hace falta que antes el Pleno del Congreso de los Diputados respalde estas recomendaciones para que el Gobierno se ponga a trabajar en medidas concretas. Según explican desde Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio ya se está reuniendo con los agentes sociales para valorar las propuestas.

En este momento ya existen incentivos en el sistema actual para alargar voluntariamente la jubilación incluso más allá de la edad legal, pero según el ministerio "apenas se utilizan". De hecho, España es el país con este tipo de bonificaciones más bajas de la OCDE, en aquellos países donde lo tienen.

El propio ministro José Luis Escrivá defendió estas medidas en Al Rojo Vivo tras el acuerdo del pasado 27 de octubre, donde añadió que España es un país en el que "se incentiva poco el seguir trabajando".

Dejar de trabajar antes de los 65 todavía interesa en nuestro país, pero depende de la base de cotización que hayamos tenido. Otra de las medidas que quiere aplicar el Gobierno, acorde con las recomendaciones del Pacto de Toledo, es unificar las reducciones anuales por jubilación anticipada, una penalización que, según especifica Inclusión, tienen un efecto regresivo que perjudica más a las cotizaciones más bajas.

El porcentaje puede variar desde un 2 hasta un 8%. Es decir, que cuanto menos base de cotización se tenga, más penalización se sufre en la prejubilación. Para los cotizantes con una base alta, adelantar la edad de jubilación no tiene un gran perjuicio.

En este caso, se hará una propuesta también cuando el Gobierno presente la reforma de las pensiones. Se prevé que el acuerdo de Toledo se vote en el Congreso en la semana del 16 de noviembre, pero puede demorarse. No obstante, este paso por el Congreso no es más que puro trámite, ya que el acuerdo fue respaldado por la mayoría de partidos excepto por Vox, que votó en contra, y por Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu que se abstuvieron.

La comisión del Pacto de Toledo es una de las comisiones permanentes y no legislativa que tiene el Congreso de los Diputados, y está compuesta por miembros de todos los partidos de la cámara. Se ocupa de hacer seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo aprobados en 1995, y de proponer recomendaciones para la mejora del sistema de pensiones.

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