Denunciadas tres médicas de una residencia de Madrid por homicidio imprudente de dos ancianos con COVID

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra tres médicas de la residencia pública de mayores Adolfo Suárez de Madrid por privar a dos usuarios con coronavirus de una "adecuada" atención sanitaria que, señala, influyó "razonablemente" en el "fatal" desenlace de sus enfermedades. Acabaron falleciendo.

Entre las doctoras denunciadas se encuentra la directora del centro y a todas se les imputa un delito de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente. Se trata de la tercera denuncia por este motivo que presenta la Fiscalía de Madrid en relación con residencias de mayores.

La denuncia expone que, a pesar de que existían medidas de prevención y organización para tratar los efectos del COVID-19, como un sistema de comunicación diario con el Hospital Universitario Ramón y Cajal, ninguna de las doctoras llegó a activar el mecanismo de coordinación "a pesar de que concurrían los presupuestos para hacerlo, y sin que conste razón justificada".

Las víctimas fallecieron en el centro los días 1 y 6 de abril de 2020 "habiendo provocado con su actuación (la de las tres médicas) que no pudieran ser valorados por la unidad de geriatría del hospital de referencia, e incluso trasladados a sus instalaciones, al tiempo que tampoco les proveyeron en la residencia un adecuado seguimiento y control médico, de todo lo cual era conocedora la directora del centro, que tampoco realizó acción alguna para solventar la situación".

La víctima que falleció el 6 de abril fue atendida por primera vez el día 4, tres días después de comenzar con los síntomas de COVID. "En ningún momento se realizó interconsulta con el hospital de referencia, ni para sugerir una posible derivación ni para pedir pautas de tratamiento", añade la Fiscalía.

Para la Fiscalía el tiempo que se tardó en prestar asistencia médica, así como la falta de un seguimiento "estricto" para evitar que el usuario se quitara el sistema de oxigenoterapia, unido a la ausencia, de cualquier interconsulta sobre el paciente, pudieron incidir "razonablemente" en el resultado final.

El caso de la segunda víctima es similar. Tenía numerosos antecedentes de broncoaspiración y el 25 de marzo sufrió uno de estos episodios sin que recibiera ningún tipo de atención médica "hasta el punto de que el usuario no fue revisado por una doctora hasta dos días después del incidente". El 26 de marzo, sin embargo, el hombre comenzó a tener fiebre y vio disminuido su nivel conciencia. Durante esos cincos días previos a su fallecimiento, ocurrido el 1 de abril, "no consta ningún tratamiento de enfermería ni que fuera trasladado para seguimiento y control a dicho departamento".