Denuncian la expulsión ilegal a Marruecos de dos menores tutelados por Ceuta cuya repatriación estaba "suspendida"

Varias asociaciones han denunciado este jueves la expulsión "ilegal" a Marruecos de dos jóvenes marroquíes de 15 y 16 años que fueron descubiertos por la Guardia Civil cuando intentaban viajar de polizones en un barco, cuya repatriación había sido suspendida por un juzgado ceutí.

En un comunicado, las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen, Maakum y Fundación Raíces han denunciado que la Guardia Civil expulsó a los dos menores el pasado 28 de noviembre a pesar de que dicha devolución "estaba suspendida" por orden de un juzgado de la ciudad. Los dos adolescentes entraron en Ceuta cruzando la frontera del Tarajal el pasado mes de mayo con motivo de las avalanchas producidas los días 17 y 18.

Al estar en situación de desamparo fueron acogidos por el área de infancia de Ceuta, siendo alojados primero en naves industriales en el polígono industrial del Tarajal y después en el polideportivo municipal de Santa Amelia, donde residieron hasta el comienzo de las repatriaciones "sin garantías" el 13 de agosto. Ante el miedo de ser expulsados a Marruecos, 80 menores, entre ellos estos dos, designaron a abogadas de Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios para su defensa.

El 16 de agosto sus abogadas solicitaron a los juzgados de Ceuta la adopción de medidas cautelares en favor de 12 menores, entre los que estaban ellos dos, ordenándose la suspensión de las repatriaciones. Los dos menores se escaparon del polideportivo por miedo a ser devueltos a Marruecos y estuvieron juntos viviendo en la calle hasta el 15 de septiembre cuando uno de ellos decidió ingresar de nuevo en el sistema de protección a la espera de que se acordara reagruparle junto a su primo, que reside en Barcelona.

Pero al no llevarse a cabo, retornó al puerto de la ciudad junto con el otro menor, quien desde su salida del polideportivo había permanecido en situación de calle, con la idea de llegar a la península por sus propios medios.

La expulsión "sumaria y sin procedimiento" se produjo el 28 de noviembre cuando los menores estaban en el puerto de Ceuta junto a un amigo intentando subir como polizones al barco de la compañía Trasmediterránea que enlaza la ciudad con Algeciras (Cádiz). Mientras nadaban intentando alcanzar el barco, fueron interceptados por una lancha de la Guardia Civil y trasladados a la comisaría de este cuerpo en el mismo puerto.

"Durante la entrevista que mantuvieron con los agentes de la Guardia Civil en ningún momento fueron asistidos por intérprete, abogado, ni tampoco por ningún representante del área de menores de la Ciudad Autónoma", denuncian.

Al terminar con la entrevista, los jóvenes, "empapados y con la ropa mojada, fueron subidos a un coche de la Guardia Civil y, acompañados de dos agentes, fueron llevados hasta el puesto fronterizo del Tarajal".

"Cuando los chicos se dieron cuenta de que estaban en la frontera, imploraron llorando a los agentes que no les expulsaran a Marruecos, que eran menores y querían quedarse en España. Una vez en la frontera, los dos guardias civiles les cogieron de las manos y les forzaron a salir por una puerta para entregarles a los policías marroquíes", han advertido las asociaciones.

De confirmarse todo lo relatado por los menores, supondría "un grave incumplimiento" del procedimiento establecido en la legislación española para la repatriación de menores extranjeros y un "grave desacato" a la orden dada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Ceuta, el cual, de manera expresa, prohíbe llevar a cabo cualquier actuación encaminada a la repatriación de los menores demandantes, entre los que se encuentran los dos menores ahora expulsados.

Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, que ejercen la defensa letrada de estos dos adolescentes, pusieron el pasado viernes estos hechos en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta, del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Área de Protección de Menores de la Ciudad de Ceuta, del Fiscal de Menores de Ceuta, del Fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo.

A todas estas instituciones se les solicitó que, dentro de sus competencias, se realice la pertinente investigación.