HAY MÁS DE 38.000 CASOS Y LA XUNTA AFIRMA QUE LOS ESTUDIARÁ UNO A UNO
Dependientes y familiares piden que no se atienda al patrimonio personal para calcular las ayudas
El resultado de la nueva Ley de Dependencia modifica los baremos de las prestaciones. Ahora se tiene en cuenta el patrimonio personal, además de los ingresos mensuales. Los dependientes y sus familias exijen criterios más justos. Es el caso de Teresa, que ha visto como su plaza en el centro de dependencia pasaba a costar el doble, y el de José Manuel, que con el nuevo sistema no podrá seguir yendo al centro de día donde recibía tratamiento. "Tengo unas fincas que heredé y que no tienen ningún valor. La tarifa que tenemos que pagar ahora es impagable", lamenta.
Con la nueva Ley de Dependencia, los baremos para conseguir las prestaciones se modifican, y ahora se tiene en cuenta el patrimonio personal además de los ingresos mensuales para calcular el copago para cada dependiente. La Xunta de Galicia explica que hay más de 38.000 casos en la comunidad y que se están revisando uno a uno.
Teresa ha tenido que abandonar el centro de día en el que recibía terapia. Despues de sufrir dos ictus y con un 65% de discapacidad, la Xunta ha considerado que ya no cumple los requisitos para subvencionarle la plaza. Hasta ahora pagaba 460 Euros, hoy le piden el doble: 920 euros. Necesita ayuda para tareas básicas, como calzarse, y su hija ha tenido que adaptar su vida a las necesidades de su madre. Susana Miranda, hija de Teresa, explica "puedo entender que hayan cambiado baremos, pero tendrían en avisar con más tiempo".
También es el caso de José Manuel Ramil, árbitro en Segunda División B que hace 15 años sufrió un accidente de tráfico en el que perdió una pierna. El motivo por el que debe pagar casi 440 euros al mes por una plaza en un centro de día es que heredó unos terrenos. "Tengo unas fincas que heredé y que no tienen ningún valor. La tarifa que tenemos que pagar ahora es impagable", se queja.
El Gobierno considera que atender al patrimonio de cada discapacitado es más solidario que tener en cuenta su pensión. Los afectados, con el apoyo de sus familias, exigen que la Administración no les abandone.
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