Desmantelada una organización criminal acusada de robar más de 100 toneladas de cobre en toda España

La operación ha finalizado con la detención de doce personas, entre las que se encuentra un chatarrero sevillano como receptor de la mercancía, y la emisión de órdenes de detención de otras nueve.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, a los detenidos se les imputan 82 robos distribuidos en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga, Badajoz, Ciudad Real, Castellón o Tarragona, entre otras provincias.

La operación policial, denominada Operación 'Silver Sun', se inició en el mes de abril de 2018 a raíz de una serie de robos de cable de cobre cometidos en municipios de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla.

Estos robos presentaban especial similitud con otros cometidos en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz, por ello, dentro del 'Plan Nacional Permanente de Respuesta a la Actividades Ilícitas Relacionadas con el Cobre', los Equipos de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil especializados en la investigación de este tipo de delitos, establecieron dispositivos de vigilancia.

En la investigación, se sospechó de un grupo de personas de nacionalidad rumana, procedentes de barrios de la periferia de Sevilla y de San Juan de Aznalfarache, que ya había sido objeto de investigación anteriormente.

Al comienzo de la investigación se pudo comprobar que esta organización se dividía a su vez en dos grupos interconectados entre si compuesto por entre ocho y diez personas. A su vez estaban perfectamente estructurados y jerarquizados cuando 'salían a trabajar', teniendo cada componente un rol asignado dentro de la organización, además de tener un alto grado de especialización.

A diario ambos grupos viajaban siempre a instalaciones distintas y en diferentes provincias muy alejadas unas de otras, con la finalidad de eludir las labores de investigación de los equipos ROCA.

Para la elección de la instalación donde pretendían robar, en primer lugar, uno de los miembros de la organización se valía del uso de dispositivos electrónicos y de cartografía vía satélite para captar imágenes de instalaciones susceptibles de poseer grandes cantidades de cobre, imágenes que enviaba al jefe de la organización para que éste repartiese las instalaciones a robar entre ambos grupos.

Una vez tenían seleccionada una instalación, el grupo al que le correspondiese actuar en ella, viajaba de noche hasta el lugar en un mínimo de dos vehículos. La organización cambiaba los vehículos cada mes aproximadamente, poseyendo una flota de hasta ocho turismos y furgonetas.

Uno de estos vehículos siempre era un turismo tipo berlina donde viajaban casi todos los integrantes del grupo, y otro tipo furgón conducido siempre por tan solo una persona con la función de realizar vigilancias durante la comisión del robo hasta que era avisado de que ya podía entrar en la instalación para realizar la carga del cable de cobre, momento en el que otros miembros le sustituían en las labores de vigilancia.

Muchos de los robos investigados se llegaron a cometer en un periodo de hasta tres días, sirviendo el primero para vigilar la zona y sus exteriores y así verificar la existencia de sistemas de seguridad o presencia de vigilancia privada, para lo que hacían saltar las alarmas, comprobando con ello el tiempo de reacción de la vigilancia privada y de los cuerpos de seguridad existentes en la zona.

Una vez comprobado este extremo, en un segundo día realizaban lo que llamaban una 'cata de cable' para verificar si éste era de suficiente calidad y de interés para el chatarrero que previamente había encargado el metal.

Finalmente, en un tercer día, entraban en la instalación y se ocultaban en las proximidades hasta que las patrullas policiales comprobaban la veracidad del robo dando por hecho que se trataba solo de un intento al no observar posibles autores ni daños en las instalaciones. Era es este momento cuando volvían y sustraían grandes cantidades de cobre con total impunidad, en algunas ocasiones más de 3.000 kilogramos.

Una vez cometido el robo, uno de los vehículos se situaba como 'lanzadera' y mantenía contacto permanente con el vehículo de carga para avisar de la posible presencia de controles policiales hasta llegar a una chatarrería clandestina situada en la provincia de Sevilla. Dicha chatarrería permanecía con la puerta cerrada.

A la llegada del vehículo de carga, el chatarrero, activo miembro de la organización, se quedaba con el cobre previamente encargado y directamente lo llevaba a una finca situada a unos cinco kilómetros en la periferia de Sevilla donde lo ocultaba hasta tener una carga mínima de seis u ocho toneladas, momento en el que era trasladado ya prensado en camiones hasta una empresa mayorista del metal también situada en Sevilla.

Entre los perjudicados por los robos cometidos por dicha organización se encuentran grandes eléctricas, a las que ha llegado a causar daños y grandes pérdidas económicas en sus plantas fotovoltaicas situadas por toda la geografía española, habiendo dejado en algunas ocasiones sin suministro energético a grandes zonas y localidades.

Otro de los grandes perjudicados ha sido la Comunidades de Regantes del Valle inferior del Guadalquivir, que con más 20.000 hectáreas de superficie agrícola para riego, llegaron en octubre del pasado año a sufrir un robo que causó pérdidas valoradas en más de 28 millones de euros.

La madrugada del pasado día 21 de febrero, los investigadores de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que ambos grupos se encontraban cometiendo robos en dos plantas fotovoltaicas, una situada a las afueras del municipio cordobés de Almodovar del Río, y otra situada en la pedanía antequerana de Aldea de Santa Ana (Málaga), por lo que sabiendo que uno de ellos regresaría por la autovía A-4 y otro por la autovía A-92, se estableció un amplio dispositivo que dio como resultado la detención de los dos grupos a la misma vez.

Al día siguiente se procedió a la detención de otras cinco personas, entre ellos el chatarrero que daba salida al cobre en empresas mayoristas del metal, incautándose un total de 7.000 kilogramos de cable de cobre que se encontraba oculto en una finca para su posterior venta. En el momento de su detención, el chatarrero portaba 24.000 euros en efectivos de los que no supo demostrar su procedencia.

En el transcurso de la operación se han intervenido herramientas de diversos tipos, teléfonos móviles, sistemas de comunicación tipo walkies, dinero, varios vehículos, una escopeta, así como documentación fiscal que demuestra que el chatarrero investigado había vendido cable de cobre por valor de más de 80.000 euros de tan solo durante los últimos meses de 2018 a grandes industrias dedicadas al reciclaje de este tipo de metal.

El juzgado que instruye la causa ha decretado el ingreso en prisión de los siete cabecillas de la organización a los que se les imputa un total de 82 delitos entre robos con fuerza, daños y desordenes públicos, habiendo ingresado también en prisión el chatarrero como autor de un delito continuado de receptación y pertenencia a organización criminal. También se han generado órdenes de detención sobre nueve miembros de la organización delictiva que se encuentran en paradero desconocido.

La operación ha sido llevada a cabo por el equipo ROCA de la Compañía de La Rinconada (Sevilla), con la colaboración activa de los equipos ROCA 31 de la Compañía de Córdoba y el equipo ROCA de la Comandancia de Cádiz. La investigación sigue abierta, no descartándose nuevas detenciones.