"Me despertaron con descargas de un arma táser": las nuevas denuncias de torturas de militares a migrantes en Ceuta

Z., de 17 años, relata que fue agredido por militares en dos ocasiones, el 18 y el 23 de octubre, en Ceuta. Asustado, en un callejón, enseña los diez puntos que le tuvieron que dar en la cabeza por los golpes de porra que, según cuenta, recibió durante uno de esos ataques. También muestra las vendas en las piernas por las lesiones que le ocasionó el segundo. "Ahora, cuando los militares me ven cojeando, pasan de mí", explica.

A. y H., de 17 y 16 años, estaban durmiendo en la calle a principios de octubre cuando, según recuerdan, llegó un grupo de unos ocho soldados. Los despertaron a patadas, los cegaron con linternas y, cuando pidieron explicaciones, les propinaron varias bofetadas.

El 24 de octubre, R. recuerda que se despertó mientras dormía en la carretera de Sidi Embarek al notar el contacto de un arma táser en el pecho. "Me despertaron con varias descargas y me dejaron tan aturdido que, al levantarme para escapar, ni siquiera me di cuenta de que todavía llevaba las mantas encima", matiza.

El tunecino M., de 40 años, dormía a las siete de la mañana en la playa de Benítez cuando llegaron varios militares y le propinaron, asegura, un puñetazo en la cara tan fuerte que le provocó un hematoma que durante dos semanas le impidió ver por un ojo.

"Los militares me llevaron a un callejón sin salida y, cuando se cercioraron de que nadie miraba, empezaron a pegarme con porras. Me daban patadas, puñetazos y me rociaron con espray pimienta en los ojos y en la cara", sostiene X., de 27 años, que denuncia haber sido agredido el 5 de octubre por un grupo de entre seis y ocho militares en los alrededores de un supermercado.

28 casos registrados

Son cinco de los 18 casos posteriores al 30 de septiembre que Amnistía Internacional ha documentado durante una nueva visita a Ceuta. La organización ha recogido, en total, 28 episodios de presuntas agresiones, humillaciones y malos tratos atribuidos a militares: 18 posteriores a aquella fecha y otros diez anteriores. En su primera denuncia pública, Amnistía pidió explicaciones al Ministerio de Defensa.

El departamento que dirige Margarita Robles anunció entonces que remitiría las denuncias a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta, e instó al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades individuales.

Sin embargo, casi cinco semanas después, Amnistía Internacional subraya que no tiene constancia de que se haya identificado a militares concretos como investigados, de que alguno haya sido apartado cautelarmente del servicio ni de que se hayan adoptado medidas para proteger a las víctimas y los testigos. La organización asevera, además, que no ha recibido respuesta a la petición de información que dirigió al Gobierno y al Ministerio de Defensa, y que desconoce qué pasos han dado la Fiscalía y los juzgados.

"Hemos comprobado que todas estas agresiones, tratos vejatorios, torturas y humillaciones continúan", explica Daniel Canales, uno de los responsables de recoger estos testimonios por parte de Amnistía Internacional. Han documentado los hechos mediante testimonios, fotos y vídeos, y el acceso a partes médicos. Además de apoyarse en otras investigaciones realizadas por medios como 'elDiario.es'.

Lo que sí parece haber cambiado, según los investigadores, es el patrón de actuación. "Antes, según nos contaron en septiembre, los cogían, los metían en un vehículo y los llevaban a un lugar apartado, donde los reventaban y después los dejaban allí. Ahora vemos que los testimonios coinciden en que los despiertan, los apalean y se van rápidamente. Muchos, del miedo, no duermen por la noche y descansan cuando empieza a clarear", añade Canales.

"Como no bailes, te voy a enterrar aquí mismo"

Además de los 18 casos posteriores al 30 de septiembre, Amnistía Internacional ha documentado otros diez episodios de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes anteriores a esa fecha. Cuatro de ellos, según la organización, presentan una especial gravedad y responden a un patrón similar: migrantes que son introducidos por la fuerza en vehículos militares, trasladados a lugares apartados, inmovilizados con bridas y sometidos a palizas y amenazas.

Uno de los relatos más estremecedores es el de V., un joven de 20 años que se ganaba la vida haciendo de mimo en las calles de Ceuta. Según contó a los investigadores, unos militares lo interceptaron en la zona de Los Rosales, lo introdujeron en un vehículo y lo trasladaron durante unos 15 minutos a un lugar que él cree que se encontraba próximo al CETI.

Una vez allí, asegura que se encontró rodeado por unos 16 soldados que se reían de él. Lo llevaron detrás de uno de los vehículos y le obligaron a desnudarse por completo, incluidos los calzoncillos. Todavía llevaba la cara pintada de mimo cuando uno de los militares comenzó a grabarlo con un teléfono y le ordenó que bailara. Preso del pánico, no podía hacerlo y, según su testimonio, comenzaron a golpearlo.

Ante el temor por su vida, acabó bailando durante unos minutos, hasta que sintió que su cuerpo ya no respondía. Los soldados insistieron y volvieron a pegarle. Entonces, según su relato, uno de ellos sacó un arma, la cargó y le apuntó mientras le amenazaba: "Como no bailes, te voy a enterrar aquí mismo".

V. afirma que ha denunciado lo ocurrido, pero que desde entonces no ha conseguido recuperar la normalidad. "No duermo, apenas salgo a la calle y, cuando lo hago, tengo la sensación de que los militares me miran. Aquí me conoce todo el mundo por hacer de mimo. Lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar".

Amnistía denuncia la criminalización de las ONG

La investigación de Amnistía Internacional también pone el foco en el hostigamiento y la criminalización de las organizaciones que prestan asistencia humanitaria a las personas migrantes en Ceuta. Especialmente, en el caso de No Name Kitchen (NNK), cuya sede fue registrada por orden judicial el pasado 22 de octubre y que está siendo investigada por un presunto delito de organización criminal.

La organización considera que, hasta el momento, el procedimiento no cuenta con bases sólidas y supone una escalada en el intento de acallar a quienes ayudan a esta población. Recuerda que, antes de este registro, los activistas ya habían sufrido hostigamiento y campañas de señalamiento, con fotografías de sus documentos de identidad difundidas en grupos de WhatsApp y redes sociales. También denuncia que se les atribuyó falsamente haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes y que, el pasado 12 de septiembre, un vehículo militar bloqueó la entrada de su sede, dificultando el reparto de alimentos.

Amnistía cuestiona además la actuación de la Fiscalía de Ceuta, que llegó a solicitar prisión provisional para dos activistas y pidió que tres testigos declarasen como prueba constituida sin la presencia de las personas investigadas. Una petición que fue rechazada por el juzgado. Para la organización, resulta especialmente llamativo el contraste entre esta actuación y la falta de avances que aprecia en la investigación de las denuncias de torturas y malos tratos atribuidos a militares.

"Lo único que hacen estas organizaciones en Ceuta es proporcionar alimentos, atención médica y acompañamiento a personas muy vulnerables, la mayoría de las cuales están viviendo en la calle. Criminalizarlas es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria", advierte Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La organización también recuerda que otras entidades locales, como Brigadas de Apoyo Mutuo y Luna Blanca, han sufrido obstáculos e insultos por su labor humanitaria. A su juicio, es fundamental garantizar que las ONG, los periodistas y los activistas de derechos humanos puedan desarrollar su trabajo en Ceuta sin amenazas ni agresiones.

Amnistía Internacional reclama el cese inmediato de los ataques y hostigamientos contra las personas migrantes, así como una investigación independiente, imparcial y exhaustiva de todas las denuncias.

También vuelve a pedir que los militares implicados sean apartados cautelarmente del servicio y que se proteja a las víctimas y a los testigos para que puedan denunciar sin temor a represalias. Además, solicita que se estudie la posibilidad de conceder autorizaciones temporales de residencia a las víctimas y testigos que se encuentren en situación administrativa irregular.

En un contexto marcado por el momento electoral, Daniel Canales insiste en que "este tipo de torturas no se pueden tolerar por ningún Gobierno, con independencia de su signo político".

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