Detenido un hombre por explotar a trabajadores en el campo con jornadas de 10 horas los siete días

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un empresario del sector agrícola como supuesto autor de explotar a personas extranjeras en situación irregular como mano de obra en el campo y hacerlas trabajar jornadas de más de diez horas diarias de lunes a domingo.

Según han explicado este domingo fuentes policiales, a raíz de informaciones recibidas y fruto de la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, se inició una investigación en la que se detectó a un empresario español, dedicado a la explotación de fincas agrícolas para terceros, proporcionando mano de obra para las labores agrarias.

La Policía Nacional confirmó la existencia al menos de cuatro trabajadores en situación de necesidad y vulnerabilidad que habrían sido explotados laboralmente por el empresario detenido.

En una actuación inspectora conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid fueron localizados cinco trabajadores en fincas agrícolas del detenido en situación administrativa irregular y bajo "unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud".

Las condiciones laborales impuestas a las víctimas consistían en jornadas de más de diez horas diarias de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni días libres. Los afectados eran obligados a faenar aún encontrándose enfermos, con ausencia de contrato laboral y alta en la Seguridad Social y trabajando por un salario de 7 euros la hora.

Este empresario agrícola se nutría de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular como mano de obra, a quienes engañaba con falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regular su situación en España y que nunca llegaba a formalizar, a pesar de que los trabajadores extranjeros llevaban varios años prestando servicios para el detenido.

Las personas explotadas son ciudadanos extranjeros en situación especialmente vulnerable. Su situación administrativa les imposibilita acceder al mercado laboral y además tienen familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos, por lo que se ven abocados a aceptar las condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que les son impuestas.

El empresario arrestado también les proporcionaba alojamiento y transporte al campo, debiendo entregar diferentes sumas de dinero como contraprestación. Les descontaba 200 euros mensuales por persona por darles alojamiento en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y careciendo de agua caliente y calefacción, llegando a pernoctar hasta 15 individuos en temporada alta.

Además les descontaba 2,50 euros diarios por persona en concepto de transporte. A pesar de tratarse de un salario ínfimo y de que al carecer de cotizaciones y tributaciones obligatorias el empresario aumentaba exponencialmente su ganancia personal, no llegaba a abonar a los jornaleros lo adeudado ya que llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión del supuesto contrato laboral que el empresario les iba a facilitar para regular su situación en España. La operación policial, denominada Baco, culminó con la detención del investigado.