NO ENTRARÁ EN LA CÁRCEL POR NO TENER ANTECEDENTES
Dos años de prisión para el joven que grabó la agresión racista del metro de Barcelona
El joven neonazi que en junio de 2014 grabó y difundió en las redes sociales una agresión racista cometida por un amigo, menor de edad, en el metro de Barcelona, ha aceptado una pena de dos años de cárcel, que no cumplirá si participa en cursos sobre derechos humanos y no comete más delitos en tres años.
En el juzgado de lo penal número 1 de Barcelona se ha celebrado el juicio por esta agresión, ocurrida el 28 de junio de 2014, en el que el joven ha ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado entre el Fiscal de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, que inicialmente solicitaba 3 años de prisión, y su abogado.
El acusado, que ha pedido perdón a la víctima ha aceptado una pena de dos años de prisión por los delitos contra la integridad moral, una falta de lesiones y por provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos xenófobos y racistas, aunque no ingresará en prisión si cumple con las contraprestaciones exigidas por el Fiscal, que la juez ha incorporado en la sentencia dictada "in voce".
El joven no puede volver a delinquir en los próximos tres años, debe cerrar los perfiles de tinte neonazi que tiene inactivos en las redes sociales, cumplir la orden de alejamiento respecto a la víctima y participar en sendos programas formativos de Justicia Juvenil impartidos por la Generalitat: uno sobre Derechos Humanos y respeto a la diversidad y otro sobre el tratamiento de conductas violentas.
Otros de los requisitos exigidos son que el chico, que no tiene antecedentes penales, abone en plazos "razonables y realistas", según el Fiscal, los 4.550 euros de indemnización aún pendientes, después de que el acusado ya ha satisfecho a la víctima, antes de que se celebrara el juicio, los primeros 5.000 euros.
El acusado, que ha llegado a juicio con el rostro cubierto, ha sido condenado también a una multa de 1.920 euros. Ante la juez, el joven se ha limitado a dar la conformidad al acuerdo con la Fiscalía y a pedir perdón a la víctima, una de las condiciones impuestas por el ministerio público para rebajar su petición inicial de tres años de cárcel.