Fianza de 50.000 euros
Dos Guardias Civiles, a prisión bajo fianza por presuntos amaños de contratos
Un coronel y un teniente coronel del instituto armado están investigados por ocho supuestos delitos. Pueden eludir la prisión preventiva, acordada por espacio de dos años, si cada uno paga 50.000 euros.
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha acordado este viernes enviar a prisión preventiva eludible bajo fianza de 50.000 euros al coronel y al teniente coronel de la Guardia Civil detenidos esta semana por haber amañado presuntamente contratos de uniformes del instituto armado.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el coronel Juan Antonio M.G.y el teniente coronel Alberto José M.A. están investigados por ocho supuestos delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo.
Detenidos en el marco de la operación Grapa y puestos este viernes a disposición judicial, pueden eludir la prisión preventiva, acordada por espacio de dos años, si cada uno paga 50.000 euros. Si abonan la fianza, la magistrada ha decidido retirarles el pasaporte y obligarles a acudir al juzgado cada quince días.
La decisión la ha tomado el juzgado número 51, en función de guardia de diligencias, pero la investigación la lleva el número 50 y se centra en el supuesto amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil.
Otros cinco detenidos
En la operación Grapa se ha destapado la supuesta connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones. Los otros cinco detenidos que han prestado también declaración ante la magistrada han quedado en libertad bajo fianza.
En este momento procesal las actuaciones judiciales son secretas, apunta el TSJ. Los dos mandos, responsables del servicio de contratación de la Guardia Civil, fueron detenidos por la Unidad de Asuntos Internos del instituto armado.
El caso está relacionado con una intervención llevada a cabo en 2017, cuando fueron arrestadas catorce personas por amañar contratos públicos tanto en la Dirección General de la Policía como en la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Fiscalía Anticorrupción siguió con las pesquisas y la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil detectó diversas anomalías que llevaron al arresto de los dos mandos del cuerpo.