TENDRÁ QUE INDEMNIZAR A 180 PROPIETARIOS
El derribo de dos rascacielos ilegales de Benidorm costará 100 millones públicos por culpa de una concesión de Camps
El Supremo ha decidido sobre dos rascacielos de Benidorm, construidos a pie de mar en zona de dominio público: hay que tirarlos. El permiso de obras ilegal fue concedido por el Gobierno de Francisco Campsy ahora la Generalitat tendrá que gastar unos 100 millones de euros en indemnizar a los 180 propietarios y asumir el coste de la demolición.
Entramos en dos edificios de Punta Llisera de Benidorm, salimos al balcón y vemos como solo les separan unos escasos metros del mar. Tienen 22 plantas cada uno y 168 apartamentos que costaron entre 400.000 y 700.000 euros y que ahora tendrán que ser demolidos por no respetar la Ley de Costas.
La denuncia partió de un inquilino del edificio que está justo detrás, que cuando abre su ventana se encuentra con las vistas a esos dos edificios.
Para entender la orden del derribo hay que viajar al pasado, a 1998, cuando se concede la primera licencia: en 2005 Camps da el visto bueno y comienzan las obras aunque ya se alertaba de que infringía la ley.
En 2008 el Tribunal Superior de Valencia falla a favor, el Estado recurre, y en 2012 el Supremo considera nula la obra. Hace unos días ha ordenado finalmente la demolición.
Recibió un disparado en el centro de Madrid
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