TENDRÁ QUE INDEMNIZAR A 180 PROPIETARIOS
El derribo de dos rascacielos ilegales de Benidorm costará 100 millones públicos por culpa de una concesión de Camps
El Supremo ha decidido
sobre dos rascacielos de Benidorm, construidos a pie de mar en zona de dominio
público: hay que tirarlos. El permiso de obras ilegal fue concedido por el Gobierno
de Francisco Camps y ahora la Generalitat tendrá que gastar unos 100 millones
de euros en indemnizar a los 180 propietarios y asumir el coste de la
demolición.
Entramos en dos
edificios de Punta Llisera de Benidorm, salimos al balcón y vemos como solo les
separan unos escasos metros del mar. Tienen 22 plantas cada uno y 168 apartamentos
que costaron entre 400.000 y 700.000 euros y que ahora tendrán que ser
demolidos por no respetar la Ley de Costas.
La denuncia partió de un
inquilino del edificio que está justo detrás, que cuando abre su ventana se
encuentra con las vistas a esos dos edificios.
Para entender la orden
del derribo hay que viajar al pasado, a 1998, cuando se concede la primera licencia:
en 2005 Camps da el visto bueno y comienzan las obras aunque ya se alertaba de
que infringía la ley.
En 2008 el Tribunal Superior
de Valencia falla a favor, el Estado recurre, y en 2012 el Supremo considera
nula la obra. Hace unos días ha ordenado finalmente la demolición.