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A LA MINISTRA DE SANIDAD SE LE ABRE OTRO FRENTE

Los enfermos de hepatitis C cargan contra Mato por mentir sobre la disponibilidad de Sovaldi

Con la crisis del ébola muy reciente, a Ana Mato se le ha reabierto otro frente: el de la hepatitis C. Una enfermedad que sufren alrededor de 800.000 personas en España y que en muchos casos sólo puede ser tratado con un medicamento, Sovaldi. La ministra de Sanidad prometió que estaría a disposición de los médicos el 1 de octubre, pero la realidad es que sigue sin poder ser prescrita, poniendo así en riesgo la vida de miles de enfermos.

A la ministra Ana Mato, una vez que la tormenta del ébola parece haber pasado, se le abre otro frente de indignación. Cerca de 800.000 españoles sufren hepatitis C y, para alguno de esos pacientes, su única oportunidad de superar la enfermedad es el Sovaldi, un caro medicamento aprobado en Europa.

Mato prometió que el 1 de octubre todos los médicos lo tendrían disponible, y los afectados le acusan de jugar con sus vidas. Un medicamento que sigue sin estar en circulación y que es vital para muchos enfermos que no toleran otros antivirales y que es foco de mucha polémica por ser muy caro.

El ministerio dice que falta un trámite burocrático, mientras que los afectados creen que la ministra se precipitó en el anuncio y que está jugando con las vidas de miles de personas que no pueden esperar más.

Satur es uno de los enfermos que lleva casi un año esperando al medicamento, del que depende su vida. "El Sovaldi es mi salvación y la de muchos otros", asegura. Su mujer, mientras, afirma tener "miedo": "Miedo me da que mi marido no esté conmigo estas nvaidades en la mesa".

Sus preocupaciones se bastan esencialmente en ver cómo no llega lo que la propia ministra de Sanidad prometió. "A partir del 1 de octubre, en principio con total seguridad", pues podremos incluir, podrán disponer los médicos de ese medicamento en toda España para aplicar a los pacientes que lo necesiten", dijo Ana Mato el 24 de septiembre.

El ministerio asegura que Sovaldi ya está financiado por el Gobierno, pero que sólo queda un trámite burocrático para que los médicos puedan empezar a prescribirlo. Una traba más para los afectados, que con las competencias de Sanidad en manos de las comunidades autónomas temen que no todas puedan pagarlo.

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