La mayoría de abortos se practican todavía en centros privados: así alimenta el sistema el dolor por una pérdida

Las más de 17.000 mujeres que interrumpieron su embarazo en 2021 en la Comunidad de Madrid lo hicieron en alguna de las siete clínicas autorizadas por la Consejería de Sanidad y ninguna en un hospital público. María es una de ellas. En la semana 14 de embarazo se detectó una anencefalia en el bebé, una malformación grave en la que el cráneo no se desarrolla correctamente. Los bebés con esa anomalía que llegan a nacer vivos suelen morir al poco, según la literatura médica. Su embarazo, conseguido gracias a la reproducción asistida, era deseado, pero con ese pronóstico decidió adelantar ese penoso final y abortar.

El de María es uno de los casos por los que la ley del aborto permite extender la interrupción del embarazo incluso más allá de las 22 semanas de gestación. Para ella, haber tenido que acudir a una clínica privada supuso un mayor trauma por la frialdad del proceso y porque se sintió "expulsada" del sistema público.

En España, y 13 años después de la aprobación de la ley del aborto, todavía hay comunidades donde no se practican interrupciones en ninguno de los hospitales públicos, como Madrid, Murcia, Aragón o Castilla-La Mancha, y según los datos oficiales, que alcanzan hasta 2021. El servicio está externalizado y lo derivan a centros privados autorizados, o bien tienen incluso que desplazarse a otra comunidad autónoma, como puso de manifiesto el programa de laSexta Salvados en 2021.

De esa forma hacen cumplir la ley al ser un servicio gratuito, pero nada sensible con un tema tan difícil y que alimenta aun más un tabú y un estigma que aún sufren muchas mujeres.

Otras regiones como Castilla y León, solo lo realizan en un centro de Burgos y las mujeres tienen que desplazarse hasta allí. Sin embargo, en Cataluña o Baleares la evolución ha ido a una cobertura cada vez mayor. En Cataluña, casi todos los hospitales públicos ya lo hacen. Allí, además, existe un protocolo de acompañamiento psicológico y de atención a la mujer para los casos de graves problemas en el feto o en la madre, y se las asiste tanto si deciden seguir adelante con el embarazo, como si no.

La derivación a lo privado o un trato no adecuado hace que muchas mujeres sientan que están haciendo algo mal. Más aún cuando se trata de abortos por motivos médicos y cuando el embarazo es deseado: "El hecho es devastador y el proceso hace más grande el dolor", apunta Aurora Bermúdez, psicóloga perinatal.

Según las estadísticas de la Comunidad de Madrid, el 51,2% de las mujeres que recurrieron a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2021 fueron informadas de las posibilidades, condiciones y financiación de la misma en centros sanitarios públicos. Ese 50%, unas 8.000, tuvieron que pasarse al circuito privado para llevarlo a cabo.

En total, y en España, todavía el 84% de las intervenciones se hacen en centros privados. Esto hace que el proceso sea más duro, según las profesionales del ramo: "El impacto de una interrupción es altísimo y si no lo gestionamos bien la huella es mayor", apunta Silvia Arévalo, ginecóloga especializada en medicina fetal y cirugía fetal del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona.

En ese hospital existe un sistema de acompañamiento que tiene en cuenta el impacto emocional del momento. Las mujeres que así lo quieran disponen de una caja de los recuerdos, están acompañadas por su pareja en todo momento, pueden despedirse de su bebé e incluso pueden disponer de los restos para su incineración.

Cristina Romero vivió esa experiencia en el Vall d'Hebron, en 2016. Era su segunda interrupción. La primera, solo un año antes y en un centro privado, la recuerda con más dolor: "Me sentí expulsada del hospital, eso hizo que aumentara mi sentimiento de culpa y que fuera estigmatizante, pensaba que si no me querían en el público era porque estaba haciendo algo malo". Ya en la semana 21 de gestación, desconocía que podía despedirse de su bebé. No sabía de protocolos de acompañamiento. Pero ya entonces notó que su vivencia "no encajaba con la manera de verlo" en el centro que se lo practicaron. La robótica frase "su embarazo ha terminado" la dejó marcada.

Muy diferente fue su segunda pérdida a las 14 semanas: "Se me dejó elegir, se me indujo el parto, se me preguntó si me quería despedir, pude verla", explica. Un protocolo que, según las psicólogas especializadas, permite cerrar el círculo a nivel emocional: "Recomiendan que seas consciente del proceso", añade.

"Expulsadas" del sistema

Cristina supo todo eso tras informarse después de su primera experiencia. A raíz de vivencias así cofundó A Contracor, una de varias asociaciones que hay en España que ayudan en el duelo perinatal a otras mujeres.

Hay otras comunidades donde sí se presta este servicio en algún centro público, pero donde el sistema denota también poca sensibilidad con las mujeres en el peor de los supuestos.

Aroa Vaello, matrona del hospital de Cádiz y fundadora de la asociación Matrioskas, describe el dolor que reflejan las madres que acuden a su organización pidiendo apoyo: "Cuentan que se sienten expulsadas de la Seguridad Social". El único hospital que cubre la interrupción más allá de la semana 22 en Andalucía, concertado también, está en Sevilla.

"Pensaba que si no me querían en el público era porque estaba haciendo algo malo"

Las mujeres que quieren seguir por lo público tienen que acudir allí desde cualquier otro punto de la región para iniciar el tratamiento que para el corazón del feto. Luego tienen que volver a su hospital de referencia por sus propios medios, para inducir el parto, normalmente al día siguiente. Las mujeres dan a luz en su hospital en muchos casos junto a otras que reciben felizmente a sus bebés vivos.

Es el remate de una situación que desde el comienzo puede durar semanas desde que se detecta el problema. Lo que tiene claro esta profesional es que en ningún caso es fácil: "En el momento que toma la decisión, cada día que pasa es una agonía. Tienen miedo".

En Andalucía, y según los datos que traslada el ministerio de Sanidad, solo se practican interrupciones en un centro. En cambio, a partir de casos que llegan a estas organizaciones se sabe que al menos en el hospital de Granada y en el de Marbella sí interrumpen embarazos por causas médicas entre las 14 y las 22 semanas, lo que indica que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad de la cobertura. Indica también que la comunidad médica es más sensible que el propio sistema. En los abortos por petición de la mujer sí se deriva siempre a centros concertados.

El impacto de una interrupción es altísimo y si no lo gestionamos bien la huella es mayor".

Tampoco los datos de Madrid parecen ajustarse a la situación real, pues en A Contracor saben de interrupciones realizadas en varios hospitales públicos por madres que han acudido a pedir su apoyo.

Esta necesidad de que la intervención se haga en un centro público no pretende ir en contra de las clínicas privadas. No hay que olvidar que durante años estas han facilitado el aborto a tantas mujeres que, años antes, se hubieran visto obligadas a viajar a otros países. No en vano son estas clínicas -y las mujeres que acudían a ellas- las que han sufrido el acoso de los grupos antiabortistas apostados a sus puertas, algo que prohíbe la reciente reforma de la ley.

Reforma "descafeinada"

Cuando en 2021 el programa de laSexta Salvados puso en evidencia esta situación con duros testimonios de mujeres que tuvieron quedesplazarse de Murcia a Madrid para interrumpir sus embarazosdeseados por motivos médicos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que trabajaría paragarantizar que el aborto fuera "público, seguro y gratuito" en todas las comunidades autónomas.

El Gobierno emprendía en ese momento una reforma de la ley del aborto de 2010, una modificación que acaba de entrar en vigor el pasado 28 de febrero tras su tramitación parlamentaria. Una reforma que, también, reactivó al movimiento antiabortista, alimentado también con propuestas com la de Vox en Castilla y León de ofrecer escuchar el latido del bebépara disuadir a las mujeres.

La reforma hace un intento por regular la objeción de conciencia mediante la creación de un registro de objetores, una forma de intentar evitar que un hospital se plante al completo en no practicar interrupciones como sucede ahora mismo.

La reforma regula la objeción de conciencia y quiere que esta no impida el acceso al aborto en un hospital público

Según dicta el texto de la norma, la objeción se hará siempre con "antelación y por escrito" y será "una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado". Este derecho, no obstante, no deberá afectar al "acceso o la calidad asistencial de la prestación".

A pesar de este pretendido avance, desde A Contracor califican la reforma como "descafeinada", en cuanto a la garantía de acceder a un hospital público, pues por otro lado la ley sigue dejando la puerta abierta por igual a derivar la interrupción a un centro privado al especificar que la prestación se realizará en centros de la red sanitaria pública o "vinculados a la misma".

"Se queda corta", reconoce Aroa Vaello, pero "quiero pensar que los organismos públicos van a velar por la sanidad pública", afirma esta matrona. Al menos, ya no se va a poder hacer objeción de conciencia en bloque.

Aborto ¿'voluntario'?

Otra de las cuestiones que suscita análisis en cuanto a la legislación actual es el propio nombre de la ley. La ley de plazos 2010 supuso la puerta abierta al aborto libre y voluntario en los plazos establecidos, contrario a las excepciones de la despenalización de 1985, que consideraba el aborto un delito salvo en tres supuestos.

Que pasara a llamarse interrupción "voluntaria" del embarazo colocó a la mujer en el centro de la decisión, algo que tendría que ser positivo en todos los casos. En Francia y en Portugal las legislaciones del aborto llevan un nombre similar. Pero el término tiene un lado perverso cuando socialmente sigue existiendo un estigma y, sobre todo, cuando la sanidad pública expulsa esa prestación a los centros privados en los casos de embarazados deseados que se ven abocadas a la interrupción por graves anomalías del feto, porque va a morir al poco de nacer o por riesgo de salud para la madre.

La decisión última siempre es de la madre, aunque haya informen médicos que lo avalen, y eso hace que muchas arrastren una sensación de culpa todavía mayor.

Para María, existe esa sensación de que la administración te acusa, una culpa que agrandó el trato recibido por una enfermera de la clínica donde interrumpió: "Pero si lo has decidido tú", le dijo una enfermera de la clínica, que la espetó que "no era para tanto". Para muchas mujeres, abortar es un alivio; para otras, una irremediable pérdida que no se quiere alargar más.

Profesionales del ramo como la doctora Arévalo prefieren utilizar el término "interrupción legal": "La que lo haga antes tendrá sus situaciones", dice en relación a las mujeres que deciden abortar por decisión propia en las primeras 14 semanas. "Aquí la ley lo permite o no lo permite", añade.

Para entender esto, solo hay que trasladarse a los casos concretos: no parece tener mucho de voluntario el aborto que pide una menor de edad que ha sido violada, o el de cualquier mujer que no se vea con el apoyo necesario o una situación económica complicada.

También prefieren el término 'legal' las asociaciones de duelo perinatal, que suele usar las siglas ILE en lugar de IVE, las actuales: "La palabra 'voluntaria' no nos define, ni a nosotras ni mujeres que interrumpen por otros motivos", explica Cristina Romero.

Puede parecer una simple nomenclatura, pero todo afecta en un asunto tan delicado. Lo que no hay duda es que las personas que lo viven de primera mano saben que las formas importan y exige un trato adecuado no solo médico, sino también emocional. Así lo expresa Romero: "En la segunda interrupción me quedé en paz. La primera fue traumática. Pero todo va sanando".