Operación Mito
La Fiscalía Antidroga pide 31 años de prisión para Sito Miñanco y 9 años para el abogado de Puigdemont
En la causa se investigan a más de 50 personas como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales.
La Fiscalía Antidrogra ha pedido 31 años y 6 meses de prisión para José Ramón Prado, conocido como Sito Miñanco, y 9 años y 9 meses de cárcel para Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.
La Fiscalía Especial Antidroga ha remitido su escrito de acusación al Juzgado Central de Instrucción 3 en el que se acusa a más de 50 investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales, entre otros.
En el escrito, la Fiscalía ha solicitado también que se aplique una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones de euros para Prado.
La petición del Ministerio Público ha tenido lugar después de que el pasado 18 de noviembre la Audiencia Nacional les enviara por su presunta implicación en la 'operación Mito'.
Boye, que se encuentra en libertad, fue procesado por la magistrada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.
Miñanco, el presunto líder de esa red, se encuentra en prisión tras haber sido condenado en 2018 por la Audiencia Provincial de Pontevedra por un delito de blanqueo de capitales agravado. Esa sentencia fue confirmada en abril de 2021 por el Tribunal Supremo, que redujo la pena a 3 años y 9 meses de prisión.
Sótanos que siguen inundados
Nuevo choque entre Gobierno y el Ejecutivo de Mazón por la limpieza de los garajes anegados
El contexto La ministra Margarita Robles fue increpada en su visita a Paiporta por algunos vecinos a cuenta de las labores de limpieza de los garajes anegados. Robles recordó que esa gestión es competencia de los alcaldes y el CECOPI. Por su parte, el Ejecutivo de Mazón acusa a la ministra de actuar sin empatía.