Greenpeace pide ayuda en la lucha frente a su nuevo enemigo: la ley mordaza

Greenpeace se estrenó en España impidiendo que un barco lanzara basura nuclear al mar en Galicia. No fueron bien recibidos, pero lograron que se prohibiera en 1982. Y así llevan 40 años protestando pacíficamente y 'cobrando' por tierra, mar y aire.

Muchos ya no se acuerdan, pero en España antes los deshechos industriales se tiraban en cualquier sitio, al lado de las casas; la playa olía peor y los desagües mucho peor; los ríos humeaban y el fondo marino era un cementerio.

Ellos, conformados como asociación ecologista, diminutos ante un enemigo gigantesco, han conseguido cosas. En lugar de las 25 centrales nucleares que quería construir el gobierno en los 70, sólo se abrieron siete. Han forzado el cierre de refinerías y minas contaminantes. Y sobre todo nos han concienciado en un país donde la ecología no era muy popular.

Toda esta lucha está en peligro, dicen en Greenpeace, por la ley mordaza. Porque sus protestas pacíficas ahora acaban en multas enormes, y no las pueden pagar.

"El impacto económico en las organizaciones puede ser importante en la ciudadanía. Este es el elemento disuasorio", explica el presidente de Greenpeace en España, Mario Rodríguez. Estas acciones le cuestan a Greenpeace al año 20.000 euros en multas.