Huelga (indefinida) en las escuelas infantiles (0-3) de Madrid: "Es violencia institucional contra la infancia"

"Con 20 criaturas es una tortura" es una de las frases que se podría escuchar el martes, 7 de abril, frente al Ministerio de Educación, donde cientos de educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid se concentraron al inicio de una huelga indefinida en el sector. Desde el martes y hasta alcanzar un acuerdo, todas las escuelas de primer ciclo de infantil públicas de la comunidad mantienen unos servicios mínimos que, para la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), se han planteado de manera abusiva.

PLEI, junto al sindicato CGT, está detrás de la convocatoria de los paros, con los que tratan de denunciar la "falta de atención institucional" al primer ciclo de educación infantil, al que afecta a los alumnos de 0 a 3 años. La huelga, que apoya también Comisiones Obreras y UGT —aunque este último sólo ha convocado un día de huelga—, se mantendrá "el tiempo que sea necesario" hasta que se produzcan mejoras que permitan "garantizar una educación de calidad".

Las reclamaciones de las educadoras son claras: incluir al sector de la Educación Infantil en la nueva ley educativa, que regula ratios y horas lectivas. Desde el colectivo subrayan que dependen de unos "decretos de mínimos que son abusivos, obsoletos y muy alejados de las recomendaciones de la Unión Europea". Lo que plantean es que haya una educadora por cada 3 bebés (0-1), por cada cinco niños de 1 a 2 años y por cada seis, de 2 a 3 años.

Hacia la Consejería de Educación de la Comunidad se han dirigido para exigir mejoras en los pliegos de condiciones que, denuncian, "plasman la infrafinanciación y la dejadez y el abandono de este ciclo educativo en unas ratios que son abusivas". Asimismo, exigen la regulación de los servicios de atención temprana dentro del sistema educativo, con ratios específicas para los distintos perfiles profesionales: 200 alumnos por orientadora, 100 por pedagogía terapéutica, 150 por maestro de audición y lenguaje y 300 por profesorado de servicios a la comunidad.

"Es ejercer violencia institucional contra la infancia unos salarios que son precarios, un salario mínimo interprofesional con la formación y con la responsabilidad que tenemos en nuestras manos", ha alertado la portavoz de la plataforma, Rosa Marín. "Hay falta de recursos de atención a la diversidad y falta de materiales en los colegios en los que se ha metido el 0-3", ha subrayado.

La Comunidad de Madrid, por su parte, considera que se trata de un "conflicto laboral" y que las trabajadoras están exigiendo unas "reivindicaciones" a las "empresas contratantes". Pero Marín insiste en que no es así: "Queremos que quede muy claro que esto no es un conflicto de las trabajadoras con la patronal. Esto no tiene nada que ver con las empresas que gestionan el 0-3. Esto es un conflicto de todo un sector educativo con las instituciones públicas que gestionan el 0-3", ha subrayado.

La plataforma también ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo ante los servicios mínimos aprobados por la Comunidad de Madrid, que "vulneran derechos fundamentales de las trabajadoras" y "generan una situación de riesgo real para la infancia". Además, critican que han dejado a muchas trabajadoras sin poder ejercer su derecho a huelga, sobre todo en escuelas de gestión privada donde las ratios ya son mínimas.

Los salarios de las educadoras es otra de las grandes reivindicaciones del sector —en laSexta Xplica un educador infantil llevó su ejemplo y explicó cómo él y sus compañeras apenas llegaban al SMI—. "No se puede vivir con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos y la continuada formación que se nos exige", exigen desde PLEI.

En total, la red pública de la Comunidad de Madrid tiene 395 centros de 0 a 3 años, de ellos 260 escuelas infantiles (135 autonómicas y 125 municipales) y 135 casas de niños (7 autonómicas y 128 municipales). El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 74 centros con unas 8.500 plazas para niños, pero sólo dos son de gestión pública.

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