Inquilinos denuncian "abuso e inestabilidad" por el uso fraudulento de los alquileres de temporada: "Vivir no puede ser sinónimo de angustia"

El desplante de Junts al Gobierno tras sumarse al PP, Vox y UPS para tumbar la proposición de ley impulsada por Sumar con el objetivo de luchar contra el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de arrendamiento de habitaciones, deja consecuencias más allá de la política, ya que estas prácticas se quedan, por el momento, sin un límite que evite abusos contra los inquilinos.

Alba Cosmo es una de las afectadas. Ella ha estado mucho tiempo en el mismo piso, pero firmando contratos de alquiler cada año. "Han sido períodos de ansiedad", así como de "completa inestabilidad", manifiesta, ya que, al ser contratos de menos de un año, la Ley de Arrendamientos Urbanos no se aplica y, por ende, el propietario puede subir lo que quiera los precios porque no está regulado. "Están dando la espalda a la gente más vulnerable, que es la que acepta este tipo de contratos", asevera Alba Cosmo.

Los inquilinos, desprotegidos, se enfrentan a subidas de precio indiscriminadas y a pagar gastos que no corresponden. Este es el caso de Javier Mera, otro inquilino, lleva dos años en Barcelona y ya ha firmado tres contratos diferentes. "Me cobraron los honorarios cuando ya no se podían cobrar para los contratos de larga duración", denuncia, pero se justificaron con que "era un contrato temporal". Y, cuando exigió cambiar y firmar un contrato de larga duración, la casera se excusó diciendo que la ley lo impedía. "Le impedía cobrarnos el precio que ella quería, que era de 1.200 euros", critica este afectado.

Por su parte, los colectivos de vivienda avisan de que esto no se puede quedar así porque las consecuencias de no regular son inasumibles para los inquilinos. "Vivir de alquiler no puede ser sinónimo de angustia y ahora mismo, si no se tapan esos agujeros, lo es", comenta Carme Arcazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona.

Por eso ya hablan de huelga de alquileres, en la que, como explica el abogado del sindicato, Víctor Palomo, se plantea que "todos los inquilinos actúen a la vez para desestabilizar el mercado". Por el momento se están estudiando estas medidas y aseguran que tienen encaje legal.