Juzgan a una mujer acusada de permitir que violaran a su hija de siete años por dinero

La fiscalía pide 22 años de cárcel para una mujer que, presuntamente, permitió que violasen a su hija de siete años a cambio de dinero y marihuana, mientras mantenía a la menor en un "clima continuado de violencia", de malos tratos y de vejaciones.

La sección tercera de la Audiencia de Girona debía juzgar este viernes a Maria Antonia S., pero la vista se ha tenido que suspender hasta el próximo febrero por ausencia de un testigo que la defensa ha considerado irrenunciable.

La mujer está acusada de un delito de maltrato habitual, cuatro de malos tratos en el ámbito familiar sobre persona especialmente vulnerable, otro continuado de exhibicionismo y provocación sexual, otro más de corrupción de menores y un último de abusos sexuales a menor por omisión, todos ellos con el agravante de parentesco, por los que el fiscal pide penas que suman 22 años de prisión.

Además, reclama que la mujer sea inhabilitada para ejercer la patria potestad durante seis años tras cumplir la condena y que indemnice a la víctima por los daños sufridos con 30.000 euros. La niña, que ahora tiene 18 años, solo convivió con su madre y con el marido de ésta durante un año, en 2008 en Roses (Girona), un periodo en el que vivió, según el escrito de acusación, un auténtico calvario.

La fiscalía sostiene que la procesada "vejaba y humillaba" a su hija con castigos y palizas que ejercía con "férreo control", obligándola "a coger comida de la basura y comérsela y a desfilar en ropa interior y botas de tacón por el paseo marítimo". También habría dejado en una ocasión que su marido "orinara sobre el cuerpo de la niña" y, con ánimo de menoscabar su integridad física, le "quemaba los brazos con cigarros" y la golpeaba con palos, todo ello "desatendiendo sus deberes como progenitora".

Al menos en dos ocasiones, con la excusa de que tenía piojos, le rocío líquido insecticida en la cabeza y la pequeña "sufrió lesiones capilares". Según fiscalía, cuando mantenía relaciones sexuales con su marido, la obligaba a mirar y, con la intención de lucrarse a costa de ella o de obtener marihuana, permitía que violasen a la menor. Posteriormente a estos hechos, la niña se fue a vivir a Castilla-León y, el 1 de octubre de 2010, se declaró su situación de desamparo y la Junta de esta Comunidad Autónoma asumió su tutela.

En julio de 2012, quedó en acogida permanente en una nueva familia y fue con sus nuevos padres con quienes el 4 de mayo de 2017 presentó la denuncia por todo lo que había sufrido en Roses en 2008. El 15 de mayo de ese mismo año, un juzgado de Castilla-León dictó una orden de protección de la víctima con una orden de alejamiento de la madre biológica.