La residencia Los Nogales no se querellará contra el hijo de una de las ancianas maltratadas

El Grupo Los Nogales ha contactado con el denunciante del supuesto caso de maltrato a algunos mayores en su residencia ubicada en el distrito de Hortaleza, Francisco Polonio, para mantener una reunión con él la semana que viene y le ha transmitido que no va a emprender ninguna acción judicial contra él.

Según han indicado fuentes de la dirección del grupo, el objetivo de la reunión para la semana que viene es ofrecer a este denunciante que pueda plantearle las quejas que tenga respecto a la actividad del centro y le ha asegurado que "en ningún caso" se emprenderán acciones judiciales contra él, sino que todas las actuaciones ante la Justicia irán dirigidas contra los tres acusados del presunto trato de maltrato.

Con ello, Los Nogales descarta querellarse por presuntas injurias como había deslizado el presidente del grupo, Pascual Berlanga, que manifestó por las "mentiras sobre mentiras" que, a su juicio, estaba propagando por los medios de comunicación.

Desde la compañía también han señalado su rechazo a cualquier tipo de actuación irregular o que afecte a sus residentes para incidir en que estudia medidas posibles para incrementar la seguridad y los cuidados de los mayores, finalidad en la que se inserta también dicha reunión.

Además, Los Nogales también se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para poner de manifiesto que se han extremado todos los protocolos de vigilancia y control. La Fiscalía de Madrid presentó recientemente ante el juez una denuncia contra tres empleados de la residencia Los Nogales de Madrid por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo.

La Comunidad de Madrid ya ha notificado la primera sanción a la empresa que gestiona la residencia Los Nogales, valorada en más de 78.000 euros, y los servicios de inspección han corroborado que la directora del centro ocultó información a la administración sobre quejas presentadas, según manifestó la semana pasada el presidente en funciones, Pedro Rollán.

Además, recordó que hay otro expediente abierto que va desde una posible sanción de 600.000 euros a la empresa hasta la inhabilitación por un periodo de cinco años de la directora del centro por ocultar algunas reclamaciones de los familiares.