SEGÚN EL GOBIERNO, NINGÚN MIGRANTE SOLICITÓ ASILO
Las ONG denuncian las "devoluciones en caliente en diferido" de los 116 migrantes que saltaron la valla de Ceuta
Medio centenar de ONG ponen en duda que la expulsión de los 116 migrantes a Marruecos sea legal. Hablan de "devoluciones en caliente". Ninguno de los expulsados había pedido asilo en Ceuta: algo habitual, porque si lo hacen no son trasladados a la Península, que es su objetivo final. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia que se trata de una mala práctica.
El procedimiento de expulsión de un migrante que llegaba a costas españolas era el mismo: permanecían en los CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Ceuta y eran trasladados a comisarías para identificarlos e iniciar el procedimiento de devolución. Para algunos de ellos se solicitaba entonces el internamiento en los CIEs de la Península, con lo que podían conseguir así su objetivo final.
Pero el criterio en esta ocasión ha sido diferente. Por primera vez en 26 años, el Gobierno ha aplicado el tratado que se firmó con Marruecos en 1992.
"Tenemos muchas reservas respecto a cómo se hizo esa primera intervención: si realmente se pudo llevar a cabo esa identificación individual. Pensamos que no se respetó el principio de no devolución", asegura Paloma Fevieres, responsable jurídica de CEAR.
Un proceso de devolución que, según los 12 letrados que asistieron a los migrantes, no alcanzó las 72 horas habituales. "La resolución se hizo efectiva en menos de 24 horas, es decir, que en la misma mañana del día siguiente ya se estaban devolviendo a través de la frontera", explica Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta.
Según el Gobierno, ninguno de los migrantes solicitó asilo. Porque si lo hicieran, no podrían abandonar Ceuta durante la tramitación ni, por tanto, llegar a la Península.
Para el Gobierno, la devolución es un procedimiento correcto. Pero los abogados ya preparan un recurso de alzada. "Va a ser complicado porque desconocemos el destino de estas personas" asegura Paloma Fevieres, responsable jurídica de CEAR.
Desde CEAR aseguran estar preocupados porque esta nueva práctica pueda suponer una merma de los derechos y las garantías de los migrantes.