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La ley de infancia suspenderá el régimen de visitas de los padres con una orden de alejamiento

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha anunciado enmiendas a la ley de infancia para la suspensión obligatoria del régimen de visitas para padres que tengan orden de alejamiento por violencia de género.

Victoria Rosell ha anunciado que la futura ley de protección de la infancia y la adolescencia incluirá la suspensión del régimen de visitas de los hijos cuando su padre haya maltratado a la madre y ésta tenga una orden de protección.

Esta ley ha incorporado dos enmiendas para proteger a los menores hijos de víctimas de violencia de género, ha adelantado Rosell este miércoles ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados.

La primera es que los jueces estén obligados a suspender el régimen de visitas de un progenitor denunciado por violencia de género cuando se hayan dictado órdenes de protección de la madre y haya indicios de que los hijos han estado expuestos a esa violencia. Otra enmienda está destinada a reforzar que los jueces retiren la custodia compartida a los padres en los casos de violencia de género.

Esta ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en la que trabaja la Vicepresidencia de Derechos Sociales, también impedirá que los menores tengan que visitar a su padre a la cárcel cuando haya sido condenado por violencia de género y acabará con la aplicación del denominado síndrome de alienación parental en la concesión de custodias de menores.

Rosell ha criticado durante su comparecencia la intervención de la diputada de Vox Carla Toscano, que ha insistido que la violencia no tiene sexo y ha acusado al Gobierno de tener una "falsa preocupación por la mujer" cuando lo que esconde es "avaricia y ansia de poder". La delegada ha aseverado que la inmunidad parlamentaria no puede utilizarse para depauperar la institución democrática que es el Parlamento.

Desde el PP y Vox han preguntado a Rosell por la imputación del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés -que ha renunciado a su cargo este miércoles- por un presunto delito de malos tratos.

La delegada ha defendido que la Delegación no puede pronunciarse sobre personas que no han sido juzgadas, por respetar su presunción de inocencia: "Nunca he mencionado el nombre de ningún imputado, acusado o sospechoso de violencia machista, trabajamos sobre las víctimas", ha zanjado.

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