EL VÍDEO SE VIRALIZÓ ENTRE SUS COMPAÑEROS
Una madre se suicida en Madrid tras difundirse un vídeo sexual suyo entre sus compañeros de trabajo en Iveco
Verónica, de 32 años y madre de dos hijos, se quitó la vida después de que una grabación íntima suya llegara hasta su marido tras varios días circulando entre sus compañeros de trabajo en la planta de Iveco en San Fernando de Henares, Madrid.
Una mujer se ha suicidado en Madrid después de que se difundiera masivamente un vídeo sexual suyo, grabado hace cinco años, entre sus compañeros de trabajo, según informa 'Espejo Público'.
Verónica, de 32 años y madre de dos niños, trabajaba en una empresa de automoción con unos 2.500 empleados, la mayoría de los cuales habría recibido la grabación, según creen sus compañeros.
El vídeo llegó incluso hasta el marido de la víctima, que sufrió una crisis de ansiedad al enterarse. Apenas un día después se quitó la vida.
"Se puso muy nerviosa y se tuvo que marchar de la fábrica porque no aguantaba la presión, tanto aquí como de su entorno familiar", explica Susana Martín, compañera de trabajo de la fallecida. "Ella quería que la historia pasase, que la gente dejara de hablar cuanto antes, no tenía pensado denunciar", añade.
"Cuando se enteró el marido de que el vídeo estaba circulando a ella se le cayó el mundo", afirma Iván Cacho, otro compañero de Iveco, la empresa donde trabajaba Verónica.
Asegura que, aunque "al principio no quiso hacer caso", Verónica fue víctima de "miradas, gente que iba al puesto de trabajo para ver quién era la compañera". "Sufrió mucha presión", relata Iván, que cuenta que la joven llegó a hablar con Recursos Humanos sobre el problema.
Considera que "todos y cada uno de los compañeros de Verónica" tienen parte de responsabilidad en esta tragedia, incluidos "los que recibieron el vídeo, los que lo difundieron y los que lo vieron ".
Culpa también, en parte, a la propia empresa "por haber sabido de esto y no haber sabido atajarlo" y asume su propia responsabilidad "por no haber sabido cómo tratar un tema de esta envergadura".
Libertad para su ex tras presentarse en comisaría
Según ha podido saber laSexta, una antigua pareja de Verónica se presentaba voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, en Madrid. Desde allí, ha sido trasladado a jefatura.
Este hombre estaba señalado como principal sospechoso de la investigación por la difusión del vídeo sexual de Verónica. Tras presentarse en comisaría, prestó declaración voluntaria, pero no en calidad de investigado ni de detenido. Posteriormente, el hombre quedó en libertad sin cargos.
"El vídeo sexual corrió como la pólvora"
Una excompañera de Verónica en Iveco, la empresa de San Fernando de Henares (Madrid) en la que trabajaba, asegura que la viralización del vídeo íntimo fue masiva entre la plantilla y que la grabación íntima se filtró por primera vez "hace años".
El vídeo sexual en el que aparecía Verónica ya se difundió hace años entre sus compañeros de trabajo. Es lo que asegura una de sus compañeras de trabajo, que apunta en el programa 'Espejo Público' que la grabación comenzó a circular "hace cinco años durante un montón de meses".
Recuerda que el vídeo "corrió como la pólvora" entre los empleados de la planta de Iveco. "Casi todo el mundo que quería, y que no quería también, tenía acceso al vídeo", relata la excompañera de Verónica al tiempo que aclara que "no toda la plantilla contribuyó a ello".
Investigan a un antiguo amante de Verónica
Un examante de Verónica se ha puesto en el punto de mira de la investigación por la difusión del vídeo sexual cuya difusión la llevó al suicidio.
Se maneja la hipótesis de que ella misma fuera quien le enviara el vídeo cuando mantuvieron una relación esporádica durante varios meses en los que ella había roto con su actual marido.
El amante en cuestión centra ahora la investigación policial, según publica el diario 'El Mundo'. Se trata de un compañero de trabajo con quien mantuvo una relación hace cinco años. La víctima le habría enviado un vídeo en el que aparecía sola y éste lo habría reenviado a un grupo de compañeros.
La empresa le dijo a Verónica que era "un asunto personal"
Comisiones Obreras acompañó a Verónica a una reunión con la empresa y aseguran que la respuesta fue que se trataba de un asunto personal. Ya han anunciado que lo denunciarán ante la inspección de trabajo "por el claro incumplimiento de la ley de igualdad y la ley de prevención de riesgos laborales". Por su parte, desde el sindicato CSIF piden una investigación de oficio.
Parte de la plantilla de trabajadores de Iveco reconoce que la viralización del vídeo sexual de Verónica fue masiva. "No lo vi, pero sabes quién lo tiene o quién lo puede tener", afirma uno de sus compañeros de trabajo en la planta de San Fernando de Henares.
"Creo que todos nos tenemos que arrepentir porque esto está en la sociedad", lamenta otra de las empleadas de Iveco en plena concentración en repulsa por el caso de hasta su entonces compañera Verónica.
Tras conocerse el caso, CCOO anunció su intención de denunciar ante la Inspección de Trabajo "por el claro incumplimiento de la ley de igualdad y la ley de prevención de riesgos laborales", apunta Raquel Márquez, miembro de Industria de CCOO en Madrid.
Los empleados condenan la tragedia de Verónica
Tras conocer su muerte, sus compañeros se han concentrado a las puertas de la empresa, en San Fernando de Henares, una acción que repetirán durante los próximos días para reclamar que algo así "no vuelva a pasar" y condenar el trágico desenlace del caso de Verónica.
"Es algo que no nos esperábamos", aseguraba un trabajador, que admite que conocía la existencia de la grabación, aunque no la vio personalmente.
"Todos nos tenemos que arrepentir, porque esto está en la sociedad", ha denunciado una de sus compañeras, "es la sociedad la que tiene que aprender".
"La gente a veces no es consciente de lo que puede llegar a desencadenar un acto suyo", ha lamentado otro empleado, en alusión a quienes compartieron el vídeo, que pudieron ver más de mil trabajadores.
CCOO exige considerar el caso como accidente laboral
Por su parte, CCOO ha denunciado que en la empresa no se activó el protocolo de acoso en el caso de Verónica. Desde el sindicato aseguran que interpondrán una demanda contra Iveco ante la Inspección de Trabajo por la respuesta que dio en su reunión con la víctima: "Se trata de un asunto personal y no de ámbito laboral".
La no activación del protocolo de acoso sexual ha activado las alarmas en CCOO, que considera que el caso debería ser entendido como un accidente laboral.
Además, desde la organización sindical apuntan que se pusieron en contacto con la empleada para informarle de la posibilidad de denunciar por violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad a quien puso en circulación el vídeo.
Empleados de Iveco dicen que la mayoría se opuso a difundirlo
Un grupo de trabajadores de la planta de Iveco en San Fernando de Henares asegura sentirse "perjudicado por pertenecer a esta empresa" tras la difusión del vídeo sexual de su compañera Verónica.
A su vez, este grupo subraya que la mayoría de empleados de la empresa "mostraron su disconformidad" con la difusión de la grabación íntima de su compañera. Insisten además en la importancia de no generalizar y buscar a los responsables de la viralización de ese vídeo.
En un comunicado a través de StopHaters, asociación contra el ciberacoso en España, este grupo de empleados formado en su mayoría por hombre, critica que se esté "generalizando un tipo de conducta" con la que muestran su "absoluta desaprobación".
Las vías judiciales por las que podría instruirse el caso de Verónica
La investigación policial ya ha determinado que el de Verónica es, efectivamente, un caso de suicidio. Se ahorcó en su casa con una sábana. Alrededor de este suicidio se abren una serie de agravantes por los que se judicializará el caso.
Revelación de secretos, coacción y amenazas o un delito contra el honor y la propia imagen. Son las vías judiciales por las que podría discurrir el caso de Verónica en los juzgados.
Revelación de secretos: en principio, debe ser la víctima quien denuncie puesto que se trata de un delito que acontece en el ámbito privado. En este caso, con Verónica ya fallecida, su marido puede demandar como agraviado o la Fiscalía puede actuar de oficio teniendo en cuenta que dos menores han perdido a su madre por esta circunstancia.
Coacción o amenazas condicionadas: deben ser denunciadas por la víctima.
Delitos contra el honor y la propia imagen: en este caso, la familia sí puede exigir juzgar el caso por estos motivos.
Grabar y difundir un vídeo íntimo es delito
El Código Penal establece que la difusión de un vídeo íntimo, aun cuando se haya grabado con el consentimiento de la persona que aparece en él, es un delito que puede llevar aparejada pena de cárcel.
Si la grabación es consentida pero no así su difusión, esta puede ser de tres meses a un año de prisión; mientras que si no hay consentimiento ni en la grabación ni en la difusión la condena aumenta hasta los cinco años. Además, si se trata de un vídeo de contenido sexual o la víctima es menor de edad la sentencia puede llegar hasta los siete años de prisión.
En cualquier caso, además de la responsabilidad penal, también existe la moral. Por eso, los expertos advierten de que en estos casos no podemos convertirnos en testigos mudos.
Olvido Hormigos, el caso que cambió el Código Penal
El caso de Verónica no es el primero de este tipo: alguien difunde una grabación íntima o un vídeo sexual que implica a terceras personas con intención de humillar o extorsionar.
A la cabeza nos viene, inevitablemente, el caso de Olvido Hormigos en Los Yébenes (Toledo), que sentó jurisprudencia y supuso un cambio en el Código Penal.
El 'revenge porn' -así es como se conoce en nomenclatura anglosajona el hecho de compartir un vídeo sexual con intención de humillar o extorsionar- se tipifica como un delito que puede desembocar en penas de cárcel, incluso si las imágenes fueron grabadas en su momento con el consentimiento de la víctima.
Olvido Hormigos, exconcejala del PSOE en Los Yébenes, también fue víctima en 2012 de la difusión de un vídeo íntimo. Su caso no tuvo culpables. Quedó impune. Pero su repercusión mediática trajo un cambio en el Código Penal sobre este tipo de casos hasta el punto de cambiar la ley.
El de Hormigos fue el caso que marcó un punto de inflexión en la legislación en torno a este tipo de delitos. Ocurrió en 2012, cuando una expareja propagó por la red un vídeo sexual que ella misma le había enviado. Ella le denunció, tanto a él como al alcalde del PP de la localidad, pero su caso fue archivado al año siguiente porque la ley entendía entonces que, para que existiera delito, la grabación tenía que haber sido robada u obtenida de forma ilícita, y había sido ella quien la envió.
Sin embargo, la repercusión de su caso supuso un antes y un después. Tres años después de la difusión de las imágenes se modificó el Código Penal, que pasó a incluir como delito la sola difusión no autorizada de imágenes íntimas, aun cuando se obtuvieran en primera instancia con el consentimiento de la persona afectada.
A día de hoy, el Código Penal establece en su artículo 197 una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".