Menos salario y mayor tasa de paro: la carrera de obstáculos a la que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de trabajar

Fernando de Miguel es limpiador en varios bloques de pisos. Él es una de las más de 485.000 personas con discapacidad que trabajan en España. "En esta empresa llevo desde julio. Yo me considero una persona como otra cualquiera, hago el mismo trabajo e igual de bien, o mejor", afirma.

Por su parte, José Reguero, que empezó de conserje y ahora es coordinador de personal, también tiene reconocida una discapacidad. "Somos un colectivo igualmente válido. Lo único es que hay que adaptar el tipo de discapacidad al puesto de trabajo", defiende el coordinador de personal de 'Prolimpia Integra-T'.

Sin embargo, la realidad es que las personas con discapacidad cobran un 16% menos que el resto. Según el INE, el salario medio de una persona sin discapacidad en 2019 era de 24.512 euros, mientras que el de una persona con discapacidad es 20.574 euros.

Pese a que se ha reducido la brecha salarial, "no se ha conseguido la igualdad en ninguno de los indicadores, por lo que hay que seguir trabajando para que esa brecha se vaya reduciendo", manifiesta Pepa Torres, secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral de CERMI.

Además, la brecha salarial varía en función del tipo de discapacidad: es menor en casos de discapacidad sensorial o física, y se acentúa cuando es mental o intelectual. En el caso de una persona con discapacidad sensorial, el salario medio es de 22.435 euros y el de una persona con discapacidad física es de 22.616 euros, mientras que el de una persona con discapacidad mental se reduce hasta los 17.521 euros y el de una con discapacidad intelectual hasta los 13.136 euros.

Juan Carlos Fernández, director general de Prolimpia Integra-T, da trabajo a unas 50 personas con discapacidad en Madrid y defiende que en su empresa no hay brecha salarial: "Hemos subido un 4% el salario a los trabajadores; todos son iguales, todos tienen las mismas oportunidades", afirma Fernández.

Mientras, las asociaciones reclaman cambios legislativos, un refuerzo de las políticas públicas de inserción laboral y formación para adaptarse a los cambios del mercado de trabajo. En este sentido, Pepa Torres advierte de que "la irrupción de las tecnologías y las nuevas actividades económicas van a afectar de manera importante a las personas con discapacidad".

Casi 1.877.000 españoles en edad de trabajar tienen reconocida una discapacidad, de los que 638.000 están en disposición de trabajar. Sin embargo, su tasa de paro alcanza el 24%, diez puntos por encima de la media nacional.