El Parlament no podrá sancionar a Garriga por los gastos personales cargados a Vox al ser del mandato pasado

Un informe encargado a la Oïdora de Cuentas del Parlament ha constatado que el líder de Vox en la cámara catalana, Ignacio Garriga, cobró un sobresueldo que no declaró y cargó a su grupo gastos personales, pero no podrá ser sancionado al tratarse de hechos registrados en la pasada legislatura.

Así lo han explicado este martes fuentes parlamentarias tras recibir el informe del órgano encargado de revisar las cuentas, después de que hace más de un mes el mismo órgano asegurara en un informe que Garriga cargó al grupo de Vox durante los ejercicios de 2021 y 2022 numerosos gastos personales y emitió facturas a su nombre por un valor de 38.496,59 euros en concepto de "servicios de despacho y atención en sede", unas acusaciones que él negó.

Además de Garriga, el portavoz adjunto de su grupo, Sergio Macián, y el diputado Manuel Jesús Acosta también cobraron un sobresueldo en concepto de "tareas de dirección", según la declaración de actividades y cargos públicos disponible en la página del Parlament.

La Mesa del Parlament trabaja en la modificación de la instrucción sobre el control de la subvención a los grupos y subgrupos parlamentarios, que ya acordó la Mesa de la Diputación Permanente el pasado mes de mayo, para que esta subvención no se pueda cobrar como un sobresueldo, ya que hasta ahora, "aunque no era ético, sí era posible", según han expuesto las citadas fuentes.

Sin embargo, al tratarse de un asunto correspondiente a la anterior Mesa del Parlament, la actual "no puede sancionar ningún acto de la legislatura anterior"; de lo contrario, la penalización podría haber llegado a la suspensión de sueldo durante un mes. Asimismo, el informe del órgano fiscalizador concluye que Garriga gastó casi 400 euros, que él mismo reconoció como "errores", pero se han acabado devolviendo y se podrá comprobar en el ejercicio del grupo parlamentario de 2024.

Con la modificación de la instrucción previamente mencionada, la Mesa pretende dar más poder a la Oïdora de Cuentas a la hora de fiscalizar y que ningún grupo parlamentario pueda destinar la subvención del Parlament a cobrar sobresueldos.