Piden prisión provisional para los tres mandos acusados por la muerte de dos militares en Cerro Muriano

La defensa ha pedido este jueves prisión para el capitán, el teniente y el sargento encausados por la muerte de dos militares en Cerro Muriano (Córdoba) el pasado 21 de diciembre. En concreto, lo ha hecho el letrado del cabo Miguel ángel Jiménez de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba), ahogado junto al soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla).

La solicitud se ha presentado ante el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, encargado de la investigación hasta la confirmación de la Audiencia Provincial. En el escrito, presentado por el abogado de la viuda de Jiménez, Antonio Granados, se exige la "prisión preventiva, comunicada y sin fianza" para los tres mandos acusados por ahora de un presunto delito contra la eficacia del servicio.

Argumentan que debido a la "fase embrionaria" de la investigación, la imposición de la prisión es necesaria "como medida preventiva" para "no perturbar la investigación" y evitar la "destrucción de posibles elementos probatorios" o la "perturbación de testificales".

En este sentido, consideran que el objetivo es la "salvaguarda" de los "materiales" o "documentos", ya sean escritos o gráficos, para que "no sean destruidos o desaparezcan". También defienden la existencia de un delito de "ilícito penal" en la muerte de los dos militares y aseguran que el juez militar recoge en un auto que el caso "no solo tiene una apariencia delictiva", sino que de forma "provisional" puede tener un carácter "penal" contra la eficacia del servicio, según la Ley Militar.

La acusación particular de León Rico

Por su parte, la familia del soldado Carlos León Rico anunció a mediados de enero, a través de su abogado, Luis Romero, que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a la vez que manifestó su oposición a que el caso sea instruido por la justicia militar, algo que también rechaza la familia del cabo fallecido, reclamando que sea la jurisdicción ordinaria la que lleve el caso. Mientras, la Fiscalía ha pedido que sea la militar.

Romero ha pedido públicamente a quienes conozcan detalles o antecedentes de los hechos que se pongan en contacto con su bufete. En un mensaje distribuido en varias de las redes sociales del despacho jurídico que dirige, Luis Romero Abogados, con sede en Sevilla, el letrado anima a contactar con el bufete a quienes "estuvieran presentes esa mañana y quieran decir algo más de lo que hayan manifestado ya a la Guardia Civil o dicho a sus superiores porque hayan tenido miedo o se les haya hecho algún tipo de advertencia o presión".

"Tenemos muchos datos y se sigue investigando, pero quiero también informar de que altos cargos militares -y cuando hablo de altos cargos militares hablo de jefes, oficiales y de suboficiales- se han puesto ya en contacto con mi bufete y nos han aportado bastante información muy valiosa", subraya el abogado en el vídeo.

Romero aclara que esta información no solo se refiere "a lo que ha podido ocurrir en este caso, que podría tener una explicación, sino a lo que ha ocurrido en otros accidentes militares, incluso mortales, y por qué muchos se tapan, en otros no llega la investigación hasta el final y en ocasiones no pagan todos los culpables y todos los responsables". Tapar lo que realmente ocurre consiste en "ocultar lo que realmente sucede para calificarlo como un simple accidente y no como un delito".

Para el abogado, "lo peor de todo es que cuando los subordinados advirtieron al capitán" que se dejase el ejercicio para otro día dadas las condiciones de esa jornada, este lo rechazó con palabras malsonantes.

Robles pide colaboración

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha pedido en dos ocasiones la colaboración para esclarecer el caso. Primero el 4 de enero en su primera visita a las instalaciones para conocer los hechos de primera mano, cuando se dirigió a los compañeros de los fallecidos, testigos de los hechos, les instó a que dijesen "la verdad" ante el juez "sin reservas" y que contasen "lo bueno y lo malo".

Posteriormente, el pasado viernes, con motivo de la toma de posesión del nuevo general jefe de la Brigada, Fernando Ruiz Gómez, Robles volvió a reunirse con ellos y les reiteró "que saben que tienen la obligación de colaborar con la Justicia, de tener el máximo rigor en decir la verdad de todo lo que ocurrió aquel terrible día"

Los militares murieron ahogados al cruzar un lago en la base de Cerro Muriano -sede de la Brigada Guzmán el Bueno X- sin cuerda de vida y sin recibir asistencia sanitaria. Los sucesos ocurrieron el pasado 21 de diciembre durante unas maniobra en la base militar cordobesa.