Platos, pajitas y bastoncillos de plástico: estos son los productos de usar y tirar prohibidos desde hoy en la Unión Europea

La venta de platos, cubiertos, pajitas, bastoncillos y envases de polietireno para alimentos quedarán prohibidos en el conjunto de la Unión Europea este sábado, 3 de julio. En el caso de España, el Gobierno ha asegurado que la prohibición también será "efectiva" desde esta fecha, a pesar de que la directiva europea que lo regula no está aún transpuesta al ordenamiento jurídico nacional.

En una reciente nota informativa de la Subdirección General de Economía Circular de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirma que "las restricciones a la entrada en el mercado y las obligaciones de marcado entrarán en vigor a partir del 3 de julio de 2021".

La Comisión Europea busca la retirada del mercado de los productos de plástico de usar y tirar para los que ya existen alternativas y, para ello, aprobó hace ya dos años una Directiva al respecto, que daba de plazo a los Estados miembro hasta este próximo sábado.

En concreto, estos son los productos prohibidos:

• Cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable, con microesferas de menos de 5 milímetros.
• Bastoncillos de algodón.
• Cubiertos de plástico.
• Platos.
• Pajitas.
• Palitos agitadores de bebidas.
• El palo de los globos.
• Recipientes de poliestireno expandido y vasos del mismo material.

Hoy también entran en vigor en el conjunto de la UE una serie de obligaciones de mercado para compresas, tampones higiénicos y aplicadores de tampones; toallitas húmedas; productos del tabaco con filtros y vasos de bebida.

La Directiva establece obligaciones claras en cuanto a la prohibición de determinados artículos a partir de este 3 de julio y las empresas, en muchos casos, ya se están adaptando a esta circunstancia, pues comercializan sus productos en toda la UE.

Lo que prohíbe la norma es la introducción en el canal de distribución, pero el comerciante que ya lo ha adquirido lo puede vender por lo que desde el Ministerio se está haciendo un análisis jurídico para determinar las posibilidades de su aplicación directa.

Ley en trámite

El plazo para entrar en vigor se cumple este sábado sin que España haya aprobado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que incluye esta transposición. La iniciativa legislativa fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 18 de mayo y acaba de iniciar recientemente su tramitación parlamentaria. La semana pasada, el 24 de mayo, el Congreso de los Diputados debatió y posteriormente rechazó la enmienda a la totalidad de Vox para devolver el proyecto de ley al Gobierno.

Desde el MITECO recuerdan que la elaboración del borrador del Anteproyecto de Ley comenzó tras la aprobación de la normativa europea en 2018 aunque su tramitación se vio ralentizada por los dos procesos electorales de 2019, aunque se continuó trabajando a nivel técnico.

Con la constitución del actual Gobierno en enero de 2020 se reanudó el procedimiento de tramitación, llevándose a cabo el procedimiento de información pública en el mes de junio de ese mismo año. Además, hubo que llevar a cabo una segunda información pública para incorporar el impuesto al vertido, la incineración y la coincineración.

En 2021, el Proyecto de Ley fue aprobado por Consejo de Ministros para que iniciara su tramitación en el Parlamento a la mayor brevedad por lo que desde el MITECO espera que la directiva esté traspuesta en los próximos meses. En concreto, la futura ley ha comenzado esta semana la etapa de escuchar a los sectores y no comenzará hasta después del verano su fase de ponencia.

Así, no estará aprobada, "como pronto", hasta Navidad, pero muy previsiblemente hasta la primavera de 2022, según explicó a Europa Press la semana pasada el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso y diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde. En cualquier caso, desde el MITECO precisan que las competencias de gestión son autonómicas, tanto en materia de residuos como de comercio o consumo, aunque la normativa sea estatal.