FACUA DENUNCIA FALTA DE TRANSPARENCIA

Polémica tras la multa de Fomento a Abertis de 1.200 euros por el colapso de la AP-6

El caos circulatorio en la AP-6 que provocó que miles de personas se quedaran atrapadas durante horas en mitad de la carretera en pleno temporal se ha saldado sólo con una multa de 1.200 euros. La sanción sería por el incumplimiento de la concesión a la hora de conservar la vía en buen estado. Desde Facua afirman que Fomento insulta a los afectados.

El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha calificado de "vergonzosa, pírrica y ridícula" la sanción a Abertis anunciada por el Ministerio de Fomento como consecuencia de la crisis de nevadas en la AP-6 el pasado enero.

Se multa a la empresa con 1.200 euros por incumplir una obligación establecida en el contrato de concesión de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización. Sarrión ha preguntado al ejecutivo qué opinión le merece la vergonzosa e irrisoria sanción interpuesta; si, en caso afirmativo, mostrará su malestar ante la ridícula cantidad, y si considera que al Ministerio de Fomento aun le queda una pizca de vergüenza.

El caos en la AP-6 afecto a más de 3.000 vehículos que quedaron incomunicados en un tramo de 80 kilómetros de la autopista durante los días 7 y 8 del pasado enero. "¿Es proporcionada la sanción ante la situación de incomunicación de más de 3.000 vehículos?, ¿así se protegen los derechos de los usuarios con un sistema de sanciones del año 73?", interpela Sarrión a través de un comunicado.

La AP-6, recuerda el procurador, es una de las "concesiones de peaje más rentables del país", con un tráfico de 30.000 vehículos al día y un beneficio que en 2016 alcanzó los 65 millones de euros. "Claramente se trata de una actuación entre amiguetes, donde el Ministerio de Fomento pretende tapar las vergüenzas de una concesionaria incapaz de gestionar crisis y, que su único interés es la obtención de los beneficios de los miles de vehículos que circulan por la AP-6", censura el parlamentario de IU-Equo.

Finalmente, Sarrión demanda poner fin al "cúmulo de incoherencias, brindis al sol y parches que no solucionan ni acatan la sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111), donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Avila (AP-51).

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