Primera sentencia que avala la prohibición de despedir durante la pandemia y obliga a readmitir a la empleada

El Juzgado de lo Social número 3 de Sabadell ha declarado nulo el despido de una trabajadora temporal de Bimbo debido a que, según ha dictado la jueza que ha llevado el caso, se produjo después de que el Gobierno anunciase que prohibía los despidos por causas económicas asociadas al COVID-19.

Además, la magistrada obliga a Bimbo a readmitir a la trabajadora que fue despedida, ya que el fallo considera que la empresa conocía el decreto que el Gobierno anunció días antes. Además, la jueza obliga a la empresa a "abonar los salarios de tramitación desde el día siguiente al despido hasta la notificación de la resolución".

Se trata de la primera sentencia que avala la prohibición de que las empresas realicen despidos por el coronavirus y que abre la puerta a la nulidad de otros despidos.

"Pese a que el despido se produjo un día antes de la entrada en vigor del decreto ley, es poco probable que la empresa desconociese lo que se estaba normando. De esta manera, realizó un despido sin una causa justificada pretendiendo conseguir un fin prohibido por ordenamiento jurídico", afirma Álvaro Sáez, socio de Trebia Abogados.

Fue la ministra Yolanda Díaz anunció a finales de marzo para evitar la destrucción de empleos durante la pandemia. En este sentido, la ministra indicó que el Ejecutivo ha abordado legislativamente "la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, organizativas, técnicas y de producción" y subrayó que las empresas no tienen por qué despedir a nadie cuando se han dispuesto "los mecanismos legales y recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los ERTE".

"Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no se puede utilizar el COVID-19 para despedir", advirtió la titular de Trabajo en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros extraordinario, en el que aprobó "una cláusula que impide en un elenco muy importante de supuestos el despido en nuestro país".

El Gobierno del Gobierno ha ampliado esta protección a los trabajadores hasta el 30 de septiembre, pero los sindicatos insisten en la necesidad de denunciar para evitar abusos, pese a que es el paso más difícil para los trabajadores.