Tragedia en Aravaca, Madrid

La residencia incendiada en Madrid en la que murieron tres ancianas tenía graves deficiencias para afrontar una emergencia

El acta de la Policía Municipal de Madrid señala graves deficiencias en el sistema antiincendios y de prevención de la residencia de Aravaca. El Gobierno regional defiende que hubo dos inspecciones en 2023 en las que se comprobó que tenían en vigor el certificado anual de una empresa habilitada.

Salidas de emergencia bloqueadas y sistemas antiincendios que no funcionaban. La residencia de ancianos de Aravaca que este fin de semana se incendió en Madrid dejando tres víctimas mortales tenía graves deficiencias para afrontar una emergencia.

Así lo desvela el acta de la Policía Municipal al que ha tenido acceso la Ser. Los agentes describen el primero de los problemas con el que se encontraron, ya que la boca de incendios situada en el pasillo principal de la primera planta no funcionaba. "Al accionarla, a los pocos segundos la manguera perdió toda la presión, dejando de expulsar agua", detallan en el documento explicando que no había presión.

Además, dejan constancia en su acta de que varias de las salidas de emergencia de la primera planta hacia el exterior estaban "bloqueadas", que no existen luces de emergencia en ninguna estancia y que el pulsador de alarma de incendios, no emite señal luminosa ni acústica al ser accionado. Todo ello fallos en la prevención y resolución de emergencias que dificultan la evacuación de los residentes.

También, según el relato de la Ser, los bomberos certifican que la bomba de presión de la boca de incendios carecía de corriente eléctrica, motivo por el cual no presentaba presión en el momento de ser utilizada por los policías que intervinieron en el incendio. Y explican este fallo en que estaba conectada al cuadro eléctrico general de la vivienda y no a uno independiente, como debe ser en culaquier sistema antiincendios, para que funcione correctamente en caso de que el cuadro general se vea afectado.

La residencia Juan XXIII había sido inspeccionada en abril y agosto y cumplía con los certificados de los servicios de los dispositivos antiincendios. Al menos así lo ha explicado este lunes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ha apuntado que, no obstante, desde la inspección "se está requiriendo documentación adicional" para conocer "todas las situaciones".

Esta residencia, de titularidad privada, dispone de 40 plazas, 36 de ellas concertadas, y en el momento del incendio estaba ocupada por 38 personas mayores. El fuego se registró en la madrugada del domingo con el foco en una de las habitaciones de la planta segunda del centro. A consecuencia de las llamas, dos mujeres de 90 y 93 años fallecieron y otra de 64 fue trasladada en estado crítico al Hospital de La Paz, donde falleció poco después.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales afirma que hubo dos inspecciones en 2023

Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid trasladan a laSexta que este "lamentable suceso" se encuentra bajo investigación policial, avanzando que el gobierno regional "aportará la documentación que sea necesaria" a la investigación.

Estas fuentes defienden que la Inspección de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales realizó "dos visitas" a esta residencia en 2023, concretamente en los meses de abril y agosto, comprobando en ambas ocasiones que tenían en vigor el certificado anual de una empresa habilitada, algo que también "sigue en vigor actualmente".

"Ese documento certifica que se revisó el grupo de presión contra incendios, el sistema de detección – alarma de incendios, BIES (las bocas de agua); la señalización de los medios de protección contra incendios, de evacuación y de salida, y la revisión de los extintores de incendios", aseguran.

Este argumento no ha aplacado las críticas de partidos como Más Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, ha exigido que "la Comunidad de Madrid rinda cuentas sobre lo que es una responsabilidad directa de su Gobierno".

El Gobierno también ha pedido una investigación hasta el fondo cargando directamente contra la presidenta madrileña. "En residencias el patrón ha sido abandono, errores continuos y mala gestión", ha echado en cara Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.

La presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido muy dura en redes sociales. Para Ayuso, "no tiene sentido" culpar a la Comunidad de Madrid y califica a los miembros del Gobierno de "inhumanos" y "excéntricos".

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