Derecho al aborto
Sanidad impulsará el aborto farmacológico en las consultas de Atención Primaria
Los detalles En 2024 se practicaron 106.172 abortos, de los que 34.092 fueron mediante la vía farmacológica, que consisten en la administración de medicamentos autorizados para interrumpir el embarazo.
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que se impulsarán cambios para incluir el aborto farmacológico en la Atención Primaria, permitiendo a las mujeres acceder a este método en sus centros de salud. Paralelamente, el Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, trabaja en un decreto para asegurar que las mujeres reciban información veraz y científica sobre el aborto. Durante el acto 'Abortar sin barreras', ambas ministras enfatizaron la defensa del derecho al aborto. Sanidad también planea modificar la regulación de la mifepristona y actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para facilitar el acceso al aborto farmacológico. Además, se subrayó la necesidad de blindar este derecho en la Constitución, ante las diferencias en su práctica entre comunidades autónomas.
* Resumen supervisado por periodistas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento va a impulsar "todos los cambios necesarios" para introducir el aborto farmacológico en la cartera de servicios de Atención Primaria para que las mujeres puedan acceder a este método en su centro de salud.
Paralelamente, el Ministerio de Igualdad está trabajando en un decreto para incidir en "la necesaria información de las mujeres, una información veraz, basada en la ciencia y sin bulos ni otro tipo de consideraciones" para que puedan tomar "responsablemente esa decisión, sin tutelas y sin paternalismo", ha avanzado, por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Lo han hecho en la inauguración del acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso' celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro, en el que ambas han insistido en que el Gobierno va a defender este derecho "con uñas y dientes" -ha subrayado García-, y sin dar un solo "paso atrás", ha añadido Redondo.
Por una parte, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios e iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir voluntariamente el embarazo, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. También actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria.
En 2024 se practicaron 106.172 abortos, de los que 34.092 fueron mediante la vía farmacológica -que consisten en la administración de medicamentos autorizados para interrumpir el embarazo-, según los últimos datos disponibles de Sanidad.
Se trata del método más utilizado en la red pública, donde se realizaron 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 contabilizadas en los centros privados. Por el contrario, en los centros privados sigue siendo mayoritario el uso del método quirúrgico, especialmente en los centros extrahospitalarios, que concentraron más de 63.000 actuaciones en 2024.
"Queremos que las mujeres elijan este método farmacológico cuando sea de acuerdo a su situación y que pueden acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha enfatizado la responsable de Sanidad.
Su departamento preparará estas reformas "trabajando con las comunidades autónomas" y con los profesionales para que las mujeres "sepan dónde tienen que acudir, cómo pueden elegir la información y que tengan un equipo al que recurrir durante todo este proceso".
Gracias a ello ahorrarán desplazamientos, "sufrimiento, inseguridades", sabrán a quién llamar y si tienen dudas podrán "sentir que hay un equipo" que la conoce y acompaña.
Asimismo, García ha recordado a las comunidades que el derecho al aborto "tienen la obligación de garantizarlo". "La objeción de conciencia debe organizarse para que las mujeres reciban atención y ningún perjuicio periódico puede servir de excusa para bloquearla", ha subrayado.
Por su parte, Redondo ha insistido en la necesidad de blindar este derecho en la Constitución ante la "ola reaccionaria" que ha llegado a España de la mano de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
Así, ha recordado la enorme diferencia que existe entre comunidades en la práctica de abortos en la sanidad pública, que se mueven entre el 85 % en Cantabria al 15 % en Castilla y León o apenas el 1 % en Madrid.
De ahí que haya subrayado la necesidad de blindar este derecho en la Constitución "al más alto nivel, puesto que podemos encontrarnos, igual que en Estados Unidos, que haya comunidades autónomas que decidan legislar reduciendo o acortando el derecho y la libertad de las mujeres", ha concluido.