SEIS MESES DESPUÉS DE ANUNCIARSE, AÚN NO HAY UN REGISTRO DE PEDERASTAS
Los sindicatos piden una base de datos común de pederastas para agilizar las investigaciones
En España ningún policía puede acceder a los antencedentes judiciales de un sospechoso. Por eso nunca pudieron saber que Antonio Ortiz había abusado de una menor. Hay varias iniciativas que piden crear un registro común para que jueces y policías accedan a la misma información. El Gobierno anunció un listado de pederastas que a día de hoy ni siquiera ha llegado al Parlamento.
Su anterior condena por abusos sexuales era la clave de la investigación. Una clave a la que nunca llegaron los policías. No constaba en el registro policial porque cuando Antonio Ortiz fue detenido por los agentes solo se le imputó un delito de detención ilegal.
"De haber coincidido la basa de datos con la detención la resolución del caso hubiese sido más rápida" explica Serafin Girado, de Unión Federal de Policía. Un juez le condenó porque consideró probado el abuso pero ese delito nunca llegó de vuelta al registro de la policía.
Son completamente independientes. No solo el registro judicial y el policial, también la Guardia Civil tiene uno propio. Además del la Ertzaintza y los Mossos. Por eso los sindicatos ya trabajan en un informe para pedir al nuevo ministro un registro común. "Tanto de los juzgados como de la policía que se puede intercmbiar para beneficiarse sobre todo" indica Juanjo Garral, portavoz del Sindicato Independiente de Funcionarios.
Con la misma intención, el ministerio de Sanidad anunció en abril una especie de registro de pederastas, un listado con todo aquel que haya cometido maltrato a menores. "Constando así la condena y su identidad, y que sea accesible no solamente a las autoridades" dice María Luisa Fernández, de Yvancos y Abogados.
Se anunció en abril pero hoy sigue siendo lo mismo, un anteproyecto del que el Ministerio aún desconoce los detalles. Sólo han conseguido ponerse de acuerdo con Justicia para arrancarlo.
Será complicado porque por ahora solo los jueces y la propia persona pueden acceder a los antecedentes penales y siempre debería garantizar el derecho a la intimidad.
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