El Supremo confirma la existencia de esclavitud sexual en clubes de carretera

El Tribunal Supremo reconoce la existencia del delito de trata con fines de explotación sexual en clubes de alterne de las carreteras españolas, donde mujeres extranjeras son obligadas a prostituirse como "seres cosificados" y en condiciones donde la dignidad humana "carece de la más mínima significación".

Así lo recoge en una sentencia en la que afirma que "no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas".

Personas a las que, "sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a 'pagar' hasta el billete de ida a su dignidad", reza la sentencia, en la que el Alto Tribunal confirma la pena de cárcel de 39 años y dos meses a los responsables de una organización de trata que obligaba a prostituirse a mujeres nigerianas, algunas de ellas menores de edad, a las que traían de su país engañadas y atemorizadas con vudú.

Una vez en España, las obligaban a prostituirse en clubes de alterne de Córdoba, Vigo y A Coruña. A otros tres miembros de esta red se les ha rebajado la pena de prisión a 36 años y dos meses, al haber sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a más años de los que había solicitado la Fiscalía.

Engañadas y amenazadas con vudú

Los hechos recogidos en la sentencia del Supremo se remontan a 2009, cuando uno de los líderes de la organización, conocido como 'papá Busch y Mr. Godwin', contactó en Nigeria con una de las víctimas, que dada su precaria situación económica quería salir del país.

El condenado la engañó, ofreciéndole su ayuda para llegar a España, donde le prometió que podría seguir estudiando y conseguiría un trabajo. Antes del viaje, la sometió a un ritual de vudú para atemorizarla, de tal forma que la joven creía que si desobedecía al acusado ella y su familia morirían o sufrirían grandes males.

Una vez en España, los miembros de la red le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda y le prohibieron contactar con su familia o salir sola a la calle. Además, el condenado le dijo que tenía una deuda con él de 50.000 euros por los gastos del viaje, que tendría que saldar trabajando en la prostitución.

Así, fue explotada sexualmente, obligada a prostituirse durante 11 horas al día. Todo el dinero que obtenía se lo tenía que entregar a la organización criminal, salvo el que además tenía que pagar por su estancia en el club.

En el caso de las otras tres víctimas, dos de ellas niñas menores de edad, la organización procedió de forma similar. Primero eran captadas en Nigeria, mediante engaño y coacción, y después eran trasladadas y aisladas de su familia para mantener el control sobre ellas y explotarlas sexualmente.