Prevaricación, coacciones...
¿Tienen responsabilidades penales las acciones del Grupo Ribera? Los cinco posibles delitos en los que habrían incurrido
El contexto Este viernes se ha producido la primera denuncia ante la Fiscalía a la empresa gestora del Hospital de Torrejón después de que un abogado la presentara al considerar que hay indicios de delito en sus acciones.
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El Grupo Ribera Salud, gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz, enfrenta una denuncia por presuntamente alargar listas de espera y reutilizar material sanitario de un solo uso. El abogado Javier Flores, especializado en litigios contra la administración, ha presentado la demanda al considerar que estas prácticas podrían constituir delitos como prevaricación administrativa, contra la salud pública y lesiones imprudentes, entre otros. Para que la denuncia prospere, expertos como Joaquim Bosch señalan que debe demostrarse daño concreto a la salud de personas. Además, el denunciante pide a la Fiscalía investigar una posible omisión del deber de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.
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Después de conocerse que el Grupo Ribera Salud, gestor del Hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), habría alargado intencionadamente las listas de espera o habría ordenado reutilizar material sanitario de un solo uso, un abogado ha presentado una denuncia contra ellos por considerar que hay indicios de delito en sus acciones.
"La sanidad pública convertida en un sistema contable en que los pacientes son cheques", ha afirmado Javier Flores, el letrado especialista en litigios contra la administración que ha presentado la demanda contra Ribera Salud.
Para este abogado, sus prácticas podrían constituir hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos. Especialmente después de saberse que se reutilizaba material de un solo uso, como los catéteres.
Los expertos señalan que sería necesario demostrar que se ha producido un daño a la salud de personas concretas para que cualquier denuncia prosperara. "Tendría que haber perjuicio para personas concretas", explicaba este viernes en Al Rojo Vivo el magistrado Joaquim Bosch. Por su parte, el también abogado Iker Berges ha señalado que "podría desembocar en responsabilidad penal si con ello se genera un riesgo probado para la vida o la integridad física de los pacientes".
Otra cuestión es si se puede imputar un delito por una demora intencionada en las listas de espera. En este caso, habría que demostrar que el daño en la salud es consecuencia del retraso en la atención al paciente. "Si hay una relación de causalidad entre el retraso deliberado y una lesión, nos encontraríamos ante un delito de lesiones imprudentes", comenta Iker Berges.
Por su parte, el denunciante también ha pedido a la Fiscalía investigar una posible omisión del deber de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid porque, recuerda, los trabajadores denunciaron estas prácticas.
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