LA DECISIÓN ESTÁ EN MANOS DE LOS TRIBUNALES
Vecinos de Pamplona se unen para evitar la expulsión de un ciudadano senegalés: "No ha tenido roces con la ley"
Los habitantes del barrio pamplonés de Chantrea muestran su rechazo a la orden de expulsión que la Delegación de Gobierno de Navarra ha dictado contra Cheikh, un vecino de origen senegalés en situación irregular.
En un comunicado, han destacado que Cheikh, empadronado desde hace años en Pamplona, "no ha tenido ningún roce con la ley desde que llegó". Asimismo, han remarcado que "entiende y habla en castellano, que ha estudiado también en cursos dirigidos específicamente a adultos migrantes", que "ha seguido varios cursos de inserción sociolaboral organizados por asociaciones a ello dedicadas" y que "lejos de aislarse" ha participado "en todo tipo de actividades para integrarse en nuestro barrio, donde es un personaje popular y querido".
"Todo este arraigo social acreditado, no ha impedido que la Delegación del Gobierno dictara una orden de expulsión en su contra, que es ejecutiva en cualquier momento", han criticado los vecinos del barrio que han señalado que "la decisión final sobre esa orden de expulsión está en manos de los tribunales en un juicio previsto para el primer semestre de 2017".
Por todo ello, han pedido a los tribunales "que adopten las medidas necesarias para que nuestro vecino no sea expulsado antes del juicio por cuanto estamos convencidos que la razón está de su parte y que un juicio con él devuelto a su país no le permitiría defenderse como es debido".
Por su parte, desde SOS Racismo han reprochado que el de este ciudadano senegalés "no se trata de un hecho aislado sino de una práctica habitual encuadrada dentro de unas políticas migratorias y leyes de extranjería que atraviesan y condicionan la vida de tantas personas de origen extranjero".
La organización ha recordado que en España "encontrarse en situación irregular no supone un delito, sino una falta administrativa que conlleva una multa, a pesar de esto en la mayoría de casos se aplica la expulsión con prohibición de entrada, que es una medida excepcional, claro ejemplo del racismo institucional".
SOS Racismo ha apostado por crear "espacios de derechos y visibilidad, espacios libres de discriminación frente a la barbarie de leyes como la de extranjería que siguen categorizando a las personas arrebatando derechos fundamentales según el origen".
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