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Bosch, tras las palabras de Óscar López: "Esa descalificación y generalización erosiona el sistema institucional y la separación de poderes"
El magistrado reacciona a las críticas de Óscar López a los jueces y advierte de que la Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de Derecho en España, reprocha al Gobierno este tipo de dinámicas de descalificación institucional.
El magistrado Joaquim Bosch ha replicado en Al Rojo Vivo a las acusaciones lanzadas por el ministro Óscar López contra parte de la judicatura. Después de que el dirigente socialista afirmara que "hay jueces que prevarican" y defendiera que el Gobierno "no se dejará atropellar" por los tribunales, Bosch ha advertido de que la deslegitimación del Poder Judicial es una estrategia que se repite cada vez que una causa salpica al partido en el Gobierno.
"La verdad es que ha sido una constante en la historia democrática de nuestro país. Ya ocurrió en tiempos de Felipe González, cuando en los años noventa surgieron grandes casos de corrupción y se atribuían a una supuesta gran operación contra el partido. Posteriormente, durante el Gobierno de Rajoy, vimos muy a menudo el mismo discurso. Y ahora vuelve a suceder. Esa descalificación generalizada hacia el Poder Judicial no solo es falsa, sino que me parece que erosiona bastante nuestro sistema institucional y la separación de poderes", ha afirmado.
Bosch ha subrayado que esta valoración no responde a una opinión personal, sino que coincide con los reproches formulados desde las instituciones europeas. "Es lo que dice la Unión Europea. La Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de Derecho en España, lanza críticas muy duras al Gobierno español por este tipo de dinámicas".
El magistrado ha insistido en que cuestionar una resolución judicial concreta es compatible con el respeto al Estado de derecho. "Por supuesto que puede haber sentencias injustas. Pero eso no significa que sean prevaricadoras. Son dos cosas completamente distintas. Prevaricar implica dictar deliberadamente una resolución arbitraria, vulnerando la ley de manera intencionada. Y si un miembro del Gobierno cree que eso está ocurriendo, lo que le corresponde es acudir a los tribunales y demostrarlo".
En ese sentido, ha recordado que en España ha habido jueces condenados por prevaricación, pero ha advertido contra la tentación de extender esa sospecha a todo el sistema judicial. "Eso no significa que todas las resoluciones que perjudican a un Gobierno sean injustas ni que todos los jueces sean prevaricadores".
Bosch también se ha referido al caso de Leire Díez y ha defendido que existen motivos suficientes para que la investigación siga su curso. "Hay indicios más que suficientes para que exista una causa judicial abierta. No se puede despachar todo diciendo que se trata de una maniobra o de una campaña de la judicatura contra un Gobierno. Lo que hay que hacer es desvirtuar esos indicios de delito, en lugar de recurrir al clásico argumento de que todo forma parte de una operación contra nuestro partido".
Asimismo, ha comentado la revelación de que la número dos de la Fiscalía General del Estado mantuvo reuniones con el entorno de Leire Díez. "De entrada, que Leire Díez se haya reunido con miembros de la Fiscalía no significa automáticamente que estos hayan cometido ninguna irregularidad. Sabemos, además, que ella se reunió con varios fiscales a los que presuntamente intentó captar mediante ofrecimientos y beneficios profesionales, y fueron ellos quienes lo denunciaron posteriormente. En este caso, no me consta que se haya producido ninguna actuación irregular posterior", señala.
No obstante, Bosch considera que el episodio plantea dudas desde el punto de vista institucional. "Sí es cierto que constituye una anomalía. Cuando alguien quiere denunciar un delito, lo lógico es que acuda a la Fiscalía Anticorrupción o a la fiscalía provincial competente para tramitar la denuncia y valorar la existencia de posibles infracciones penales. Sin embargo, estamos hablando de una reunión en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, un órgano de coordinación situado en el máximo nivel de la jerarquía fiscal, y no acaba de entenderse cuál era su objeto", menciona.
Por ello, ha reclamado una mayor transparencia por parte de la Fiscalía General del Estado: "A mi juicio, haría falta explicar con más detalle por qué se produjo esa reunión, si se adoptó algún tipo de decisión, si se abrieron diligencias o si se dictó un decreto de incoación o de archivo, que es lo habitual cuando alguien presenta una denuncia ante la Fiscalía".