Análisis de Sandro Pozzi
¿Por qué la extradición de Assange a EEUU para ser procesado podría crear un mal precedente?
El periodista Sandro Pozzi ha analizado en Al Rojo Vivo las novedades sobre el caso de Julian Assange y qué consecuencias puede sufrir la prensa si EEUU logra que se extradite al activista para ser juzgado.
Este viernes, la Justicia británica ha autorizado la extradición de Julian Assange, activista y fundador de WikiLeaks, a Estados Unidos después de que el país norteamericano haya ganado el recurso de apelación contra un fallo judicial producido en enero de este mismo año que denegó dicha orden. Un pronunciamiento que no ha gustado nada a la defensa de Assange, que asegura que agotará todas las vías para defender a su "patrocinado", ni a los partidarios de la labor del activista.
Pero tampoco convence, o al menos no demasiado, a los periodistas. Así lo considera Sandro Pozzi, que en Al Rojo Vivo ha analizado las consecuencias que puede acarrear la extradición de Assange a EEUU. "El proceso del Departamento de Justicia se abrió en 2010, pero cuando llegó Barack Obama a la Presidencia decidió no procesar a Assange porque consideraba que se podría sentar un mal precedente".
Con este movimiento, ha continuado reflexionando Pozzi, se podría abrir la veda para "empezar a perseguir a medios de comunicación y periodistas" en el país norteamericano. "Ese es el llamamiento que está haciendo ahora la prometida de Julian Assange a Joe Biden: que evite la extradición por el riesgo que puede suponer para la prensa", ha concluido Pozzi. Lo cierto es que la detención y los intentos de EEUU por procesar al líder de WikiLeaks han generado gran controversia desde que se inició el caso.
Las autoridades norteamericanas acusan a Assange, de 50 años y de origen australiano, de numerosos cargos criminales. En resumen, quieren procesar al activista por hasta 18 presuntos delitos, que van desde el espionaje a la intrusión informática por las revelaciones de su portal digital sobre las prácticas de EEUU en lugares como Afganistán e Irak. Son delitos penados con hasta 175 años de cárcel en ese país.