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Ignasi Guardans descarta que la directora de la Guardia Civil deba dimitir: "Quien puede salir perjudicada es la Judicatura"
El profesor defiende que la imputación de la directora general de la Guardia Civil no es motivo suficiente para que abandone el cargo. Además, diferencia entre la relevancia política del cambio de versión sobre sus reuniones y las responsabilidades penales que se investigan.
Ignasi Guardans, profesor de Ciencas Políticas, defiende en Al Rojo Vivo que la imputación de la directora general de la Guardia Civil no justifica, por sí sola, su dimisión. A su juicio, mantenerla en el cargo no perjudica a las instituciones y quien corre el riesgo de salir más dañado es el propio Poder Judicial. "Aquí quien se puede estar perjudicando es la Judicatura por haberse lanzado a esta investigación", ha afirmado. El jurista subraya que no se investiga una actuación de su vida privada, sino decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones, por lo que considera legítimo que permanezca en el puesto mientras se esclarecen los hechos. "No solo no debe dimitir, sino que hace perfectamente bien en defender la legitimidad del ejercicio de su cargo", sostuvo.
Guardans ha sido especialmente crítico con el contenido del auto judicial. En su opinión, resulta "enfermizo" que se cuestione a la directora por haber ordenado investigar a personas que hasta ese momento no habían sido objeto de pesquisas. "Se le acusa de haber querido investigar a personas que nunca habían sido investigadas", resumió. Para ilustrar su argumento recurrió a una escena de la película 'Algunos hombres buenos', en la que un mando militar considera inadmisible ser investigado por sus subordinados. Según explica, algunos altos cargos de la Guardia Civil estarían actuando con esa misma lógica, cuando precisamente la directora general y el DAO tienen competencias para impulsar investigaciones reservadas sobre el funcionamiento interno del cuerpo. "Las investigaciones reservadas están para eso", zanja.
Respecto a las distintas versiones ofrecidas por Mercedes González sobre sus reuniones con Leire Díez, Guardans sí considera que el cambio de relato tiene relevancia política, aunque no penal. Reecuerda que la directora primero negó esos encuentros y posteriormente reconoció dos, después de que la geolocalización cuestionara su versión inicial. Aun así, insistió en que ese comportamiento no guarda relación con los delitos que se investigan. "Si me preguntas si la imputación penal es motivo de dimisión, mi respuesta es no. Que no dijera la verdad en ese momento puede tener consecuencias políticas, pero no penales", concluye.