sobre la entrada masiva de migrantes
María Peral desvela los detalles del informe policial: "La finalidad migratoria era una cobertura formal para intentar otros objetivos, como colapsar la frontera española"
La periodista desvela nuevos detalles del informe policial sobre la entrada masiva en Ceuta y apunta a una operación planificada para colapsar la frontera y limitar la capacidad de respuesta de España.
Tras el adelanto publicado por 'El Español' sobre el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, María Peral, adjunta al director de 'El Español', ha aportado nuevos detalles sobre las conclusiones de la Policía. El documento apunta a una planificación previa de la entrada masiva de migrantes y a la participación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes en su ejecución.
Según ha explicado Peral en Al Rojo Vivo, el informe describe una operación organizada y dirigida desde Marruecos: "Hubo una planificación previa, hubo una dirección estratégica y hubo un guiado a los inmigrantes para que se dirigieran a determinadas áreas concretas predeterminadas". En ese dispositivo habrían participado tanto agentes marroquíes uniformados como personas vestidas de paisano. "La Policía detectó que estos últimos eran los que daban instrucciones a los uniformados", ha señalado la periodista, que añade que los investigadores consideran que el comportamiento de estos individuos no se correspondía con el de los inmigrantes que se habían concentrado por miles en Castillejos.
Pero el informe va más allá y pone en cuestión que lo ocurrido pudiera responder únicamente a una crisis migratoria. Peral ha explicado que la Unidad de Inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, una de las unidades policiales que ha investigado los hechos, sostiene que "la finalidad migratoria era puramente aparente". "La llamada crisis migratoria, que es el concepto que ha utilizado el Gobierno, era simplemente una cobertura formal para intentar otros objetivos", ha afirmado.
Entre esos objetivos, , estaría en primer lugar el colapso de la frontera española. "Se trataba de que España perdiera el control sobre su frontera", ha explicado Peral. Para conseguirlo, el dispositivo habría sido diseñado mediante sucesivas oleadas de entradas ilegales, principalmente de ciudadanos marroquíes. La primera estaría formada fundamentalmente por hombres jóvenes, algunos de ellos preparados con neoprenos, aletas y otros medios para acceder a Ceuta por mar, lo que habría dificultado enormemente la actuación de las fuerzas de seguridad españolas.
La segunda oleada habría perseguido un efecto diferente. En ella entrarían personas especialmente vulnerables, entre ellas familias, mujeres y menores, que no podían ser rechazadas en frontera y debían recibir atención. De esta forma, según la periodista, el dispositivo habría buscado un doble efecto: primero, desbordar la capacidad de control de la frontera y, después, limitar la capacidad de España para gestionar la situación una vez producida la entrada masiva.
Interior conocía el riesgo
Sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha asegurado que el Gobierno está estudiando ahora el contenido del informe y que no tenía conocimiento del mismo, Peral ha explicado el origen y el propósito del documento. El informe fue solicitado por la jueza María Tardón, que estaba de guardia en la Audiencia Nacional los días 30 y 31 de julio y debe determinar si este tribunal es competente para investigar lo ocurrido.
"La Audiencia Nacional no investiga cualesquiera delitos. Tiene una competencia tasada, entre ellos los delitos contra la seguridad del Estado y contra la independencia del Estado", ha explicado Peral. Por este motivo, la magistrada solicitó a la Policía información que permitiera determinar si existían indicios de un posible delito de esa naturaleza y conocer cómo se gestó la entrada masiva, así como qué papel desempeñaron las autoridades marroquíes.
La Policía ya ha remitido su informe, aunque todavía están pendientes otros documentos. "Queda todavía el de la Guardia Civil y queda también el informe sobre competencia que tiene que emitir la Fiscalía de la Audiencia Nacional", ha señalado Peral. La periodista ha insistido, además, en que el informe policial no es un documento ajeno al Ministerio del Interior. "Las autoridades de Interior conocen su contenido", ha afirmado, antes de subrayar que el documento contiene información que, a su juicio, demuestra que existían advertencias previas sobre el riesgo de una entrada masiva.
En concreto, Peral ha destacado una parte del informe en la que la Policía recoge que, antes de los acontecimientos, se habían emitido notas informativas alertando de un "riesgo extremo" de entrada de inmigrantes desde Castillejos, incluso a nado y mediante saltos de la valla. "Eso no es actual. Esa información se dispuso incluso antes de que ocurriera este incidente", ha recalcado. "Yo creo que Interior tenía datos y tenía información y, en mi opinión, dispone de este informe".
La carta de Marlaska
La reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha añadido un nuevo elemento a la polémica. A la una y media de la madrugada, el ministro hizo pública una carta en la que reclamaba explicaciones al subdirector general de la Policía, Paco Pardo, considerado uno de sus principales colaboradores.
Para Peral, esta actuación resulta difícil de entender si, como sostiene, el informe ya era conocido por la estructura policial. "Es incomprensible. Esto es totalmente incomprensible", ha afirmado. La periodista ha recordado que Interior es "un organismo del Ejecutivo jerarquizado" y ha considerado lógico que la información hubiera ascendido por la cadena de mando: "Estoy segura de que la profesionalidad de los miembros de la Comisaría de Extranjería les ha llevado a informar a sus mandos naturales del contenido de este documento".
Peral también ha diferenciado entre la obligación de informar a la autoridad judicial y la comunicación interna dentro del propio Ministerio. En este caso, sostiene, todavía no existe una investigación judicial propiamente dicha, ya que la Audiencia Nacional no ha decidido aún si es competente para asumirla. "Todavía no se ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional. Esa es una decisión pendiente. No sabemos qué va a hacer la juez", ha explicado.
Por ello, considera que en este momento no puede invocarse una supuesta reserva de la información hacia el juez para justificar que el contenido del informe no hubiera sido conocido dentro de Interior. "Todavía no rige esa reserva de dación de cuenta solamente a la autoridad judicial", ha señalado, porque las diligencias se han abierto exclusivamente para determinar qué órgano judicial es competente para investigar los hechos. La cuestión que queda ahora sobre la mesa es, por tanto, cuándo conocieron los responsables políticos el contenido del informe y qué hicieron con la información que ya estaba en manos de la Policía.