EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 'LA TRAMA'
¿Quién se beneficia de la construcción de vivienda ilegales en España?
¿Quién está detrás de la construcción del medio millón de viviendas ilegales que existen en España? Esta es la pregunta que inició la investigación del programa y a partir de ahí, un viaje que empieza en Marbella. Allí se han construido más de 18.000 viviendas ilegales. Allí, Fidel San Román, un afamado constructor y promotor condenado en la Operación Malaya, declara haber pagado 3 millones de euros a Juan Antonio Roca con el fin de regularizar más de 1.000 viviendas construidas en suelo de uso público. A pesar de la gravedad del delito, pasa menos de un mes en prisión. Seguimos su rastro. ¿Qué hace ahora San Román?
Promotores, constructores y políticos. El programa recorre España en busca de los responsables de un escándalo que ha llegado al Parlamento Europeo. En un pequeño pueblo alicantino se han vendido decenas de chalets ilegales a ciudadanos británicos. Una presunta estafa que investiga ya la justicia y que tiene entre sus protagonistas a un promotor mallorquín. Él mismo confiesa a la Guardia Civil que sobornó al aparejador y al alcalde de la localidad para poder construir en unos terrenos rústicos.
En Chozas de Canales, un pueblo cercano a Madrid, el problema de la vivienda ilegal adquiere tintes dramáticos. A 340 vecinos de esta localidad nadie les avisó de que las casas que compraban eran ilegales. Sobre sus viviendas pesa ahora una orden de demolición. Localizamos a su alcalde, inhabilitado por prevaricación. Él firmó las licencias necesarias para que la promotora pudiera vender esas casas. ¿Podríamos comprar una vivienda ilegal sin saberlo?
Por último, 'Equipo de Investigación' se acerca a un gran escándalo: la urbanización de la isla de Valdecañas, en la comarca cacereña de La Vera. Un lugar idílico donde un promotor ha creado el mayor complejo de ocio de Extremadura: 185 villas independientes, un hotel de 4 estrellas, un puerto deportivo y hasta una playa artificial de 30.000 metros cuadrados. El problema es que se trata de una zona tan protegida medioambientalmente como el Parque de Doñana. Allí no se podía ni poner un ladrillo. Una sentencia del Supremo dice que la isla tiene que volver a su estado original. ¿Quién pagaría los 35 millones de euros que costaría la demolición? Los excesos de la vivienda ilegal podrían acabar pagándolos todos los ciudadanos a través de las arcas públicas.