"Hecha la ley, hecha la trampa": los escollos legales de las polémicas empresas de desokupación

Cada vez son más los ciudadanos que recurren a las empresas de desokupación pero, ¿por qué? Ir por la vía judicial le supondría al propietario 600 euros de hipoteca y gastos durante un máximo de dos años, más 1.000 euros de procurador y abogado. En total, alrededor de 14.000 euros.

La cifra, sin embargo, se reduce a una cuarta parte por las empresas de desokupación: "Me cuesta unos 2.500 euros más IVA, 3.000 en total", ha afirmado uno de los propietarios que ha recurrido a este servicio.

"Ya llevo mucho tiempo aguantando a la gente dentro de la vivienda sin recibir nada, nada más que generando más gasto más gasto y más gasto. Con seguro, con hipoteca y con todo casi 600 euros", ha explicado.

Sin embargo, hay mucha gente que duda de la legalidad del negocio. "Sabemos muy bien que no podemos entrar en una vivienda si una persona que está dentro no nos invita a ello. Es decir, nosotros no invadimos la posesión del okupante ilegal", ha explicado Aránzazu Santos, abogada de una empresa de desokupación, que no tarda en admitir que es un negocio de "picaresca": "Al final hecha la ley, hecha la trampa. España es un país de picaresca y aquí enseguida conocemos nuestros derechos muy bien".

Respecto a los "mediadores", las personas que se encargan de la desokupación, afirma que son personas "tranquilas, cualificadas, pacíficas" y con "un temple infinito".