La vivienda pública como negocio: ¿se ha especulado con los pisos protegidos de Alicante?

Tras la inspección en el interior del residencial 'Les Naus', epicentro del escándalo de las viviendas de protección pública de Alicante, la Policía Local redacta un informe que concluye que 13 viviendas no están ocupadas. Al menos tres de ellas se están alquilando y, en algunos casos, el uso de esas viviendas se aleja por completo de su finalidad social.

Un camarero de la zona desvela a Equipo de Investigación que algunos de estos pisos protegidos se están alquilando "por 1.500 o 1.600 euros al mes". Afirma que es "lo que dicen los vecinos" y que "se lo alquilan todo a extranjeros", que ya "están viviendo ahí".

En una de las viviendas, la policía confirma que el piso adjudicado al sobrino de María Pérez-Hickman, directora de Contratación Pública del Ayuntamiento de Alicante, está alquilado a una familia ucraniana. Él asegura que ha pedido la "excepcionalidad de ocupación" porque su pareja tiene un contrato de trabajo en Estados Unidos.

Los reporteros del programa detectan anuncios de pisos de esta promoción ofrecidos en alquiler. Viviendas de tres habitaciones, con garaje, por cantidades muy por encima de lo permitido. Hasta el doble del precio legal. Según el abogado Cayetano Sánchez Butrón, es "una infracción muy grave" por la que se prevén "sanciones de 3.000 hasta 30.000 euros".

Anuncios ilegales por el doble de su precio

Equipo de Investigación también descubre que algunas viviendas protegidas de 'Les Naus' se han puesto a la venta. Una inmobiliaria de la zona anuncia un piso de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, terraza y plaza de garaje por 400.000 euros. Además, la misma propietaria ofrece una segunda plaza de garaje por 24.900 euros. Todo ello, cuando su precio original se sitúa entre los 220.000 y los 240.000 euros.

Tras estallar el escándalo, los anuncios desaparecen. Los reporteros del programa visitan la inmobiliaria para preguntar el motivo. "No creo que sea culpa de la inmobiliaria, será del propietario, que ha dicho 'pedidme 400'", les responden.

Otra persona de la inmobiliaria asegura que no sabía que se trataban de pisos de protección oficial, pero que retiraron el anuncio por un aviso: "Me dijeron 'oye, ¿sabes que es de VPO?'. Yo digo 'no, no sé'. 'Quítalo, que vas a tener jaleo'", explica.

Cayetano Sánchez Butrón señala que "con la vivienda de protección pública no se puede lucrar nadie, es otro de los principios básicos". Por ello, considera que estos precios son "directamente ilegales", incluso con autorización administrativa.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.