"No nos van a callar"
Ruth Galán (Sindicato de Inquilinas) responde a la denuncia de Urbagestión por llamarles "fondo buitre": "Es un intento de intimidación y de censura"
Según relata la portavoz del Sindicato de Inquilinas, se les habría planteado retirar esas declaraciones y abonar 10.000 euros para alcanzar un acuerdo: "Prefieren gastar en servicios jurídicos antes que en mantener a una persona como Maricarmen".
La situación que vive Maricarmen, de 87 años y una discapacidad del 65%, ha vuelto a poner el foco sobre el impacto que puede tener un desahucio en las personas mayores y vulnerables. Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha explicado en La Roca cómo se encuentra actualmente y las dificultades que se han encontrado para buscar una alternativa a su situación. Asimismo, ha respondido a la denuncia por parte de Urbagestión Desarrollo e Inversión tras llamar a esta empresa "fondo buitre": "No nos van a callar".
"Bueno, Maricarmen está estable dentro de su dificultad. Hay que recordar que tiene 87 años. Una discapacidad del 65%", explica Galán. La portavoz recuerda cómo era Maricarmen cuando comenzaron a producirse los intentos de desahucio. "Si nos vamos al registro, el 29 de octubre, que fue uno de los días que se suspendió uno de estos desahucios, estos intentos de desahucio, ella era autónoma, ella bailaba, ella estaba con fuerza, daba palmas y ahora nos encontramos a otra Maricarmen".
Para Galán, su evolución refleja las consecuencias que puede tener una situación de este tipo en una persona de su edad. "Podemos ver en ella el ejemplo de cómo los desahucios son algo brutal, devastador para quien lo sufre y más con estas edades", sostiene.
"Lo que ha intentado ella, el sindicato, su abogada, es llegar a acuerdos con el nuevo propietario, con el Fondo de Inversión Urbagestión y no ha sido posible", señala Galán. Según explica, tampoco se habría encontrado una alternativa que Maricarmen pudiera asumir: "Nadie le ha dado algo que ella fuera una vía que pudiera optar. No era una opción. Lo único que se le ha ofertado ha sido una residencia en Alcalá de Henares y por un precio de 1.200 euros, que es algo muy parecido al total de su pensión".
"No nos van a callar"
La situación ha provocado además un enfrentamiento entre el sindicato y la empresa propietaria. Galán asegura que han recibido una denuncia por injurias después de referirse al propietario como "fondo buitre". "Nos han denunciado por injurias por llamarles 'fondos buitre'. Es un intento de intimidación y de censura de una empresa que prefiere gastar en servicios jurídicos antes que en mantener a una persona como Maricarmen. No nos van a callar", afirma.
Según relata, se les habría planteado retirar esas declaraciones y abonar 10.000 euros para alcanzar un acuerdo. La posición del sindicato, añade, pasa por una única condición: "No hay una negociación que no sea que Maricarmen se quede en su casa".