Así es la ley de PP y Vox en la Comunitat Valenciana que mete en el mismo saco el franquismo y la Segunda República

La llamada ley de "concordia" impulsada por PP y Vox para fulminar la ley de memoria democrática en la Comunitat Valenciana ha echado a andar este jueves en Les Corts con la aprobación de su toma en consideración, el primer paso de su tramitación parlamentaria.

Una polémica norma, tachada por la oposición de "vergüenza", que, a diferencia de las iniciativas de Castilla y León y Aragón, no suprime la palabra "dictadura", pero abarca desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo así la Segunda República, lo que para la oposición supone "blanquear el régimen genocida" del franquismo al igualarlo con un régimen democrático.

En su exposición de motivos, de hecho, la proposición de ley afirma que en ese periodo España ha vivido "una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico". Incide además en que "no importa el bando", porque "el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos".

La ley promovida por la derecha y la ultraderecha valencianas tiene tan solo cinco artículos y acaba con la ley de memoria de 2017, que constaba de 65 y se refería a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. A su vez, disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, elimina las subvenciones a las asociaciones de memoria democrática y todos sus procedimientos, menos las exhumaciones que ya estén en marcha.

Claves de la norma

La principal novedad de la ley es el reconocimiento, recogido en su Artículo 1, de "todas las víctimas de la violencia política, social, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa (..) durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días". Así, agrega que se reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a las "víctimas de la Segunda República y del terrorismo" que a las víctimas contempladas en la anterior legislación.

La ley de PP y Vox no habla de mapa de fosas, pero sí reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a la "localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas". Con la entrada en vigor de esta ley, no obstante, los procedimientos iniciados por la de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática, menos los procesos de exhumación.

Asimismo, la norma crea la 'Unidad de Concordia', establece que la Generalitat elaborará un 'Catálogo de vestigios' y habla de 'lugares de concordia', donde han ocurrido "hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva".