Muere Julián Muñoz
Así operó 'G.I.L', el partido político fundado por Jesús Gil que se extendió más allá de Marbella
La muerte de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y figura clave en el saqueo del ayuntamiento, cierra una etapa marcada por el abuso de poder y la corrupción urbanística que afectó a toda la Costa del Sol.
Julián Muñoz, uno de los rostros más notorios de la corrupción que asoló la ciudad de Marbella, ha fallecido este martes, poniendo fin a una vida marcada por el abuso de poder y la vergüenza pública. Muñoz fue una figura central en los años más oscuros de la política marbellí, siendo uno de los alcaldes condenados junto a Jesús Gil y otros dirigentes del partido G.I.L (Grupo Independiente Liberal) por el saqueo sistemático de las arcas municipales y la concesión ilegal de licencias urbanísticas.
El G.I.L, fundado y liderado por Jesús Gil, no era un partido político en el sentido tradicional. Era un instrumento personalista, creado inicialmente para otorgarse a sí mismo favores urbanísticos, pero que pronto se transformó en una maquinaria de corrupción y clientelismo que desvió millones de euros. Bajo la fachada de una formación política, el G.I.L se extendió más allá de Marbella, logrando gobernar en otras ciudades de la Costa del Sol y en enclaves como Ceuta y Melilla. En Estepona, el propio hijo de Gil llegó a ser alcalde, continuando el legado de corrupción que marcó al partido.
Jesús Gil, con su fama de empresario y presidente del Atlético de Madrid, se presentó como el salvador de Marbella en 1991, obteniendo un 65% de los votos. Bajo la promesa de acabar con la delincuencia y revitalizar la ciudad, capturó la simpatía de muchos marbellíes. Sin embargo, lo que dejó tras de sí fue un rastro de irregularidades y deudas. La mitad de la deuda nacional de los ayuntamientos con la Seguridad Social en su momento provenía de municipios gobernados por el G.I.L.
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El legado del G.I.L es, en muchos sentidos, el de una advertencia para la política española. Las sentencias judiciales que avalan el saqueo de más de 60 millones de euros, las 16.500 viviendas construidas ilegalmente y el colapso institucional en ciudades como Marbella son testamentos del daño irreparable causado.
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