Las claves de los contratos del 'caso Koldo': ¿quién los firmaba? ¿qué se hacía ante mascarillas defectuosas?

En la intrincada trama del 'caso Koldo', las incógnitas sobre la fiscalización de los gastos emergen con fuerza. La pregunta clave que se plantea es cómo se permitió la ejecución de estos contratos sin un control adecuado, especialmente cuando se involucra a figuras ya cuestionadas por prácticas corruptas. La figura de Juan Carlos Cueto, vinculado previamente a un escándalo de corrupción por falsificar contratos, resurge en este contexto, planteando dudas sobre la diligencia en la supervisión de los acuerdos durante la crisis sanitaria.

La trama, que se desenvuelve bajo el telón de fondo de la emergencia sanitaria global, revela cómo la necesidad de material médico se convirtió en una oportunidad para algunos. La empresa de Cueto, aún no investigada al momento de los contratos y dirigida por un individuo con antecedentes de corrupción en la venta de armas, terminó siendo central en esta red. La Guardia Civil, tras investigaciones posteriores, identifica estos contratos como ilegales, sugiriendo un manejo cuestionable en un momento crítico para el país.

El proceso de adjudicación de estos contratos de emergencia destapa la implicación de altos funcionarios, con Daniel Belmar Prieto, subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras del Ministerio del Interior, en el ojo del huracán. Belmar, según revelaciones, jugó un papel clave en la selección de la empresa de Cueto, una decisión tomada en reuniones interministeriales. La reciente solicitud judicial de su correspondencia electrónica entre enero y julio de 2020 busca arrojar luz sobre la transparencia de estos procedimientos.

Finalmente, el escándalo de las mascarillas defectuosas pone en relieve el deficiente seguimiento post-contratación. La ausencia de documentación que justifique las condiciones contractuales y la gestión del suministro subraya la falta de control. La Guardia Civil critica la decisión de aceptar productos alternativos en lugar de compensar a la administración tras un fallo en un pedido millonario, además de señalar irregularidades en los pagos.