Una situación anómala
Las claves de los documentos del 'caso Begoña Gómez': lleva investigada desde que el juez abrió la causa
La esposa del presidente del Gobierno está investigada por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, mientras que la UCO de la Guardia Civil ha desvinculado a Begoña Gómez de Globalia.
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece como investigada en el sumario del caso que la investiga por dos posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Es importante constatar que no se ha hallado constancia de que María Begoña Gómez Fernández haya recibido ninguna subvención pública. La referencia en las noticias de prensa a tal subvención se corresponde con una recibida por otra persona física que comparte el mismo nombre y apellidos, pero se trata de personas físicas distintas", detalla una de las recapitulaciones del informe. Este anuncio se produce luego de la admisión a trámite de la denuncia presentada por Manos Limpias.
El 24 de abril, el presidente Sánchez sorprendió al país al anunciar un periodo de cinco días de reflexión, alimentando especulaciones sobre una posible dimisión. Este movimiento estratégico del jefe del Ejecutivo llega horas después de que se conociera la decisión del juez Juan Carlos Peinado de admitir la denuncia, aunque la medida se había tomado días antes, el 16 de abril, según revelan las resoluciones incorporadas al sumario del 'caso Begoña Gómez'.
La notificación de la condición de investigada de Begoña Gómez se realizó a través de su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho. Según consta en el sumario, el juez Peinado dirigió la investigación hacia la esposa del presidente, en relación con posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
A pesar de ello, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no encontró indicios incriminatorios contra Begoña Gómez, destacando que su única conexión con el Grupo Globalia fue la coincidencia en eventos con Javier Hidalgo, exCEO de la compañía, en 2020. Sin embargo, la vinculación de estos eventos con la decisión ministerial que avaló el rescate de Air Europa, con un desembolso de 600 millones de euros de dinero público, sigue siendo objeto de investigación.
El CCE solicitó "actualizar los datos"
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El CCE aclara que, tal como establece la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones, es su responsabilidad notificar a los municipios "en caso de declaración de situación de emergencia o preemergencia".