Análisis en laSexta Clave
Las claves de la nueva ley de Memoria Democrática que no gusta ni a Felipe González ni a Aznar
Aun después de la Constitución del 78 hubo personas que sufrieron abusos, torturas o fueron asesinados por querer la democracia. La nueva ley permitirá investigar estos posibles casos.
La nueva ley de Memoria Democráticaha unido a los dos presidentes que más años han gobernado España, Felipe González y José María Aznar. Y es que la gran novedad de esta norma es que se abre una puerta a estudiar casos de reparación hasta 1983, cuando Felipe González ya era presidente del Gobierno.
Esta enmienda, que ha pactado el PSOE con Bildu, es la que más irrita a los expresidentes. La disposición adicional decimosexta establece que se creará una comisión técnica que investigue vulneraciones de derechos humanos a personas que luchaban por afianzar la democracia en el país entre 1978 y 1983 (entre la aprobación de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983).
No obstante, no se sabe qué casos concretos podrán ser investigados para ver si merecen algún tipo de reparación. Lo cierto es que entre los años 78 y 83 la democracia estaba en problemas, existían los movimientos violentos antidemocráticos, y hubo personas que sufrieron abusos, torturas, palizas o fueron asesinados solo por querer la democracia.
Las novedades más importantes
La investigación de los años que transcurren del 78 al 83 dependerá de la comisión, pero hasta la Constitución del 78, también hay novedades en esta ley.
Para empezar, se va a crear la figura de un fiscal especial para este tipo de crímenes desde el Golpe de Estado de 1936 hasta la Constitución española del 78.
Además, se va a considerar infracción grave la destrucción de documentos para la recuperación de la memoria hasta 1978 y se quieren retirar los títulos nobiliarios concedidos por Franco hasta 1978.
Otra novedad es que abre la puerta a los represaliados por usar lenguas que no fueran el castellano, las lenguas y culturas vascas, gallegas y catalanas.
Por otro lado, las sentencias de los tribunales franquistas por la ideología, su religión o su sexo hasta ahora se consideraban ilegítimas, pero ahora se consideran ilegales y nulas sus sentencias. En cualquier caso, no habrá una gran diferencia porque no da lugar a indemnizaciones.
Por último, no se deroga la Ley de Amnistía del 77, un texto que en ocasiones ha impedido procesos contra el franquismo. Esta ley, lo único que hace es recordar a los jueces que la Ley de Amnistía no es un muro de contención contra demandas de justicia.
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