El CNI frente a la legalidad: estas son las polémicas actuaciones que podría amparar la ley

Tras el escándalo de espionaje ilegal del CESID, este organismo acabó despareciendo y en su lugar apareció el famoso Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del que estamos hablando estos días, nuevamente por una cuestión parecida: si finalmente se prueba que el CNI investigó a políticos independentistas, ¿podría justificarlo el Gobierno? ¿Estaría amparado por la ley fundacional del CNI? Hablamos de una ley aprobada en el año 2002, durante el Gobierno de José María Aznar.

En aquel entonecs, Federico Trillo era ministro de Defensa y Jorge Dezcállar el primer director del CNI. En esa ley, en su artículo primero, se asegura que el CNI se creó para facilitar al presidente del Gobierno y al Ejecutivo "informaciones que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España". Ahí se podría agarrar el Gobierno si lo necesitara, porque en esa norma podría encajar el presunto espionaje realizado a partir de 2015 a los independentistas catalanes.

Cabe recordar, en este sentido, que algunos de ellos fueron condenados por sedición. Entre las funciones que la ley le asigna al CNI está la de "obtener y difundir la inteligencia necesaria para proteger los intereses políticos y estratégicos de España". Y la norma especifica que podría actuar tanto dentro como fuera del territorio nacional. Eso ampararía el espionaje, por ejemplo, a Carles Puigdemont, que estaba en Bélgica, donde sigue a día de hoy. Pero hay más argumentos con los que se podría defender el Gobierno en caso de que se confirme el espionaje por parte del CNI.

La ley ampara a los espías para llevar a cabo investigaciones de seguridad sobre personas o entidades. Y como dice el artículo 2: "El Gobierno determinará y aprobará anualmente los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia mediante la Directiva de Inteligencia, que tendrá carácter secreto". Eso sí, la ley obliga a que la actuación del CNI sea sometida a control parlamentario en una comisión del Congreso de los Diputados. Algo que no ocurre desde 2019: tres años lleva ya bloqueda esa Comisión de secretos oficiales. Esto es, tres años sin poder controlar al CNI como marca la ley.