'Incendio' en la Fiscalía tras la carta de García Ortiz ordenando aplicar la amnistía a los delitos de malversación del procés

Este viernes se ha decretado un 'incendio' en la Fiscalía tras la carta del Fiscal General del Estado, García Ortiz. Un fuego que va a durar días. Si se siguen las fases de cualquier incendio, hoy se podría decir que el 'incendio' está activo y sin control, después de que los cuatro fiscales del procés se hayan opuesto a amnistiar la malversación de Puigdemont y otros dirigentes.

Los medios para apagar ese 'incendio' no podrán darlo por estabilizado, al menos hasta el martes, cuando se celebre la Junta de Fiscales. Será el momento para que García Ortiz y los cuatro fiscales del procés expongan sus argumentos y voten el criterio que se seguirán para aplicar o no la Ley.

Ese día, el incendio en la Fiscalía podría quedar perimetrado, pero el resultado de esta votación no será vinculante. El Fiscal General del Estado tiene el poder de hacer valer su criterio, sea cual sea el resultado de la votación. Así que el 'incendio' solo quedará extinguido cuando el García Ortiz envíe al Tribunal Supremo un escrito pidiendo que se aplique de inmediato la amnistía a todos los condenados del procés, incluyendo los investigados o condenados por malversación.

¿Esto es novedoso? ¿Otras veces el Fiscal General ha impuesto su opinión y coincidían con la del gobierno de turno? Solo hay que mirar al último gobierno del PP, en 2014, durante el procés, el fiscal General Eduardo Torres-Dulce se enfrentó a los fiscales catalanes. Estos se habían negado a presentar una querella por desobediencia contra el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta del 9N. Logró el apoyo de la mayoría y acabó presentando el mismo la querella.

En esta ocasión la batalla es por una ley, la de amnistía, de la que la Fiscalía General del Estado ha calculado que podrían beneficiarse casi 500 personas. Pero la batalla no es por los 500 porque ¿a cuántos y a quienes afectaría lo que están debatiendo los fiscales? Puigdemont no es el único.

Son siete de los 486 que calcula el ministerio público, todos políticos catalanes y todos encausados por el 1 de octubre. Tres de ellos, fugados y, por lo tanto, todavía sin ser juzgados: el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Los tres están acusados de desobediencia y malversación: el delito clave en esta cuestión. No hay duda en el caso del primero, pero para los fiscales, hubo enriquecimiento ilícito. No pueden levantarse sus órdenes de detención, porque la malversación agravada queda fuera de la ley de amnistía.

A ellos se suman otros cuatro políticos que fueron -entre otros- indultados en junio de 2021. El exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Salieron de prisión tras anularse sus condenas por sedición, la pasada legislatura, pero siguen inhabilitados por ese delito de malversación. De no entrar dentro de la amnistía, seguirían sin poder concurrir a unas elecciones. Junqueras y Turull siguen en primera línea política.

Donde no hay debate es el caso de Marta Rovira y Clara Ponsatí, procesadas únicamente por desobediencia que, para los fiscales, sí es amnistiable.