La jueza amenaza con imputar a la Comunidad de Madrid si no colabora en el caso del profesor de Boadilla

El pasado mes de octubre, conocíamos la apertura de una investigación a un profesor de un colegio de Boadilla del Monte por grabar desnudas a alumnas de 12 años. En las últimas horas, hemos sabido que esa investigación estaba paralizada por culpa de la Comunidad de Madrid. La jueza que lleva el caso ha tenido que emitir una providencia instándole a facilitar unos discos duros que la Guardia Civil necesita para poder volcar en ellos los vídeos extraídos del ordenador del investigado.

Esta providencia, adelantada por la 'Cadena SER' y a la que ha tenido acceso laSexta, llega después de haber solicitado ese material informático en reiteradas ocasiones, la primera en julio de este mismo año. La falta de ese material, según la jueza, estaba provocando una "dilación indebida" en la investigación, hasta el punto de advertir de que, si no respondían a su requerimiento de forma urgente, podrían ser acusados de dos delitos: desobediencia a la autoridad judicial y obstrucción a la Justicia.

Tras conocerse esta información el martes, este mismo miércoles, según fuentes jurídicas, el material que necesitaban los investigadores ha empezado a entrar a las 11:00 de la mañana.

Una investigación parada por una "dilación indebida"

En concreto, la jueza, que investiga esas grabaciones a alumnas del colegio Virgen de Europa, amenaza en su providencia a los responsables de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid con imputarles alguno de esos dos delitos si no le da el material necesario para analizar esas grabaciones.

En el escrito, con fecha del pasado 16 de noviembre, la magistrada incide en "los numerosos recordatorios e incidencias" que el juzgado ha trasladado a este ente público para que dote al laboratorio de la Guardia Civil de los discos duros necesarios para proceder al "volcado, extracción y procesado de los dispositivos".

Según detalla la magistrada, la solicitud se efectuó el 22 y el 26 de julio y se emitieron recordatorios el 10 de octubre, el 18 de ese mismo mes, el 2 de noviembre y el 15 de noviembre. Sin embargo, agrega, hasta el momento no se ha dado "ni respuesta a la petición ni a los motivos que impiden la dotación solicitada". Una "desatención" que, advierte, está causando una "dilación indebida" en la instrucción y que el trabajo de los investigadores se encuentre "interrumpido".

Ante esta situación, insta a la citada Agencia a que dé cumplimiento a la solicitud "a la mayor urgencia posible" y le advierte de que, "en caso de que no se dé contestación a la misma, los hechos podrían constituir un delito de Desobediencia a la Autoridad Judicial y/o un Delito de Obstrucción a la Justicia".

Si no, agrega, le pide que traslade por escrito al juzgado "los motivos fundamentados que dan lugar a la continua desatención a dicha petición" y a "los reiterados recordatorios e incidencias" que le ha trasladado el juzgado, identificando a los responsables del servicio de dotación de medios.

La Comunidad aduce un problema en la compra y apunta a Interior

Tras salir a la luz esta providencia, el consejero de Justicia, Enrique López, ha manifestado este miércoles que desde la Comunidad atienden "todos los requerimientos que en materia informática" de los juzgados. No obstante, ha incidido en que en este caso el material "quizá tuvo que ponerlo a disposición de la poli judicial el Ministerio del Interior".

El consejero ha aducido un "problema de gestión en cuanto a la compra" y "falta de stock", pero ha insistido en la necesidad de "analizar hasta dónde llegan las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de recursos a los juzgados y dónde comienzan las del Ministerio del Interior en materia de Policía Judicial".