El macroproyecto que plantea la Junta de Andalucía cerca de Doñana consumiría más agua que el pueblo de al lado

La última trifulca entre Gobierno y Junta de Andalucía ha sido a costa del macroproyecto urbanístico de lujo en Trebujena, un pueblo gaditano a seis kilómetros de Doñana. Campos de golf, villas y un consumo de agua brutal. La Confederación del Guadalquivir emitirá un informe sobre la viabilidad de este macroproyecto. Ya han adelantado que van a frenar su construcción. Aun así, el tema ha entrado de lleno en la campaña. Ambos lados tiran balones fuera. Para la ministra Ribera, lo que está haciendo la Junta es irresponsable pero Juanma Moreno echa las culpas del macroproyecto a la izquierda.

Está previsto que se construyan 300 viviendas de lujo en más de 2.000 hectáreas a cinco kilómetros de Trebujena, provincia de Cádiz, que van a convertirse, según ese proyecto, en foco de turismo de lujo. Un resort con campo de golf, hoteles y con vistas al parque de Doñana.

El problema fundamental es el agua: está previsto que consuma más agua que el pueblo que tiene al lado. En concreto, 850.000 metros cúbicos al año. Es, según los ecologistas, más de lo que consumen anualmente los 7.000 habitantes de Trebujena. La cantidad no es nada despreciable dadas las circunstancias de sequía que estamos viviendo pero a eso se añade un factor más: el municipio es, según la AEMET, el municipio con menos precipitaciones de toda la provincia de Cádiz.

¿De dónde se supone que sale ese agua? Según el informe medioambiental con el que la Junta ha dado el visto bueno a este proyecto, hay disponibilidad de recursos hídricos suficientes como para cubrir esa cantidad. Primero porque, según sus datos, hay excedente ahora mismo del agua que tiene asignada anualmente el pueblo hasta 2027. En un principio, al menos el campo de golf se regaría con agua de los embalses de la provincia. Además dicen los promotores que la mayoría de esos miles de metros cúbicos que se necesitan no serían potables, serían para riego, así que podrían obtenerse de la lluvia, reutilizando el agua o a través de una depuradora que habría que construir.

El principal problema está en el enclave: unas marismas secas desde los años 70 que tienen a un lado Doñana y al otro lado del Guadalquivir. Una zona donde anidan, igual que en Doñana, unas 500 aves migratorias, así que el impacto medioambiental, insisten los ecologistas, sería doble y sería tremendo.

Juanma Moreno destaca una y otra vez que el primer alcalde que impulsó el proyecto era de Izquierda Unida. Porque este proyecto no es nuevo. Lleva 20 años paralizado, nada menos. Desde que el 2003 el Ayuntamiento de Trebujena, gobernado por IU, firmara ese convenio para la futura construcción del proyecto. En 2011 la Junta de Andalucía da el visto bueno y vuelve a quedarse en el cajón hasta que el 2019 otro edil, también de IU, resucita el proyecto, previa modificación. Es entonces cuando pide el aval de la Junta, que tras tres intentos sin respuesta para obtener el visto bueno de la Confederación, decide ahora, 20 años después, emitir el informe de aprobación.

Pero el alcalde de ahora, que también es de IU, está en contra. En contra del proyecto que resucitó su predecesor, de su mismo partido, porque asegura que no es el empuje económico que necesita el pueblo. Que sus circunstancias económicas, pero sobre todo climáticas, han cambiado en estas dos décadas. Así que lo que espera es la negativa de la Confederación para paralizar el proyecto.

Ese informe saldrá en las próximas horas y va a ser contrario a la edificación. Porque lo que evalúa ese informe es si el proyecto se edificaría sobre una zona de suelo inundable. Y los datos son claros. No el pueblo, pero toda esa zona alrededor de la urbanización sigue siendo inundable.

Esta es la parte pública de la historia. Pero hay también una parte privada liderada por un empresario que se hacía llamar "el belga loco". Millonario, constructor de otros complejos turísticos en la provincia, que a principios del 2003 se encaprichó del paisaje, de esas marismas que se habían secado en los 70 y para cuya urbanización estaba dispuesto a pagar 5,5 millones de euros al Ayuntamiento. Hasta ahora, previa recalificación del suelo, ha abonado 1,8 millones. Hace dos años que falleció y la heredera del proyecto es otra empresa belga, la actual promotora.